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Modifica las bases reguladoras de las ayudas para el impulso económico de las comarcas mineras del carbón. Amplía el periodo durante el cual se pueden reconocer y pagar estas ayudas, que financian infraestructuras y la restauración de zonas degradadas por la minería.

Modifica normas catalanas de contratación pública para incorporar criterios de calidad, sociales y medioambientales en la compra de obras, suministros y servicios por las administraciones catalanas. Regula la contratación conjunta, la división en lotes, los pagos menores y la subcontratación.

Modifica el Reglamento del IRPF para que las guarderías y centros de educación infantil autorizados comuniquen también los datos de la autorización de la guardería expedida por la administración competente. Además, actualiza las obligaciones de información de las entidades de pago y de dinero electrónico.

Modifica la normativa de pagos directos de la Política Agrícola Común para ampliar la ayuda asociada a productores de frutos secos en secano en zonas con riesgo de desertificación. También corrige una denominación en la norma sobre potencial de producción vitícola y amplía el plazo para solicitar autorizaciones de replantación de viñedos.

Fija el objetivo de ahorro energético para 2025 y reparte entre las empresas obligadas (comercializadoras de gas y electricidad y operadores de combustibles) su cuota de ahorro. Establece cuánto deben aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y permite cubrir parte de la obligación con Certificados de Ahorro Energético.

Modifica el acuerdo de 2008 sobre el control interno de gastos públicos para añadir un requisito nuevo en las nóminas del ingreso mínimo vital. Cuando una comunidad autónoma reconoce el derecho a esta prestación, deberá enviar una certificación sobre las resoluciones adoptadas y el detalle de perceptores e importes.

Establece orientaciones de política energética para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la modificación de la metodología que fija la tasa de retribución financiera de las redes de electricidad y gas. La CNMC debe tener en cuenta estas orientaciones al tramitar la nueva circular.

Modifica varios reales decretos sobre la política agrícola común para adaptarlos a los cambios del Plan Estratégico de la PAC aprobados por la Comisión Europea en agosto de 2024. Con ello se aplican en España las nuevas normas de la Unión Europea sobre ayudas agrícolas.

Modifica las normas de condicionalidad que deben cumplir los agricultores que reciben ayudas de la Política Agrícola Común. Exime de controles y sanciones a las explotaciones de 10 hectáreas o menos y adapta las reglas sobre labranza, cobertura del suelo y rotación de cultivos.

Fija el objetivo de ahorro energético para 2024 y reparte entre las empresas obligadas (comercializadoras de gas y electricidad, operadores de petróleo y de gases licuados) su cuota anual de ahorro. Establece también el valor para calcular sus aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y el porcentaje mínimo que deben pagar a ese fondo, pudiendo cubrir el resto con Certificados de Ahorro Energético.

Amplía hasta el 31 de mayo de 2024 el plazo para justificar y pedir el pago de la primera anualidad de la primera convocatoria de ayudas a inversiones en instalaciones y comercialización vitivinícolas. Se aplica a solicitudes presentadas desde la entrada en vigor del Real Decreto 905/2022 hasta el 1 de abril de 2023.