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Modifica la Ley 11/2003 que regula los Consejos Sociales de las universidades públicas de Canarias y la coordinación del sistema universitario. Adapta sus funciones, composición y funcionamiento a la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario.

Modifica la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias para regular el transporte de viajeros en automóviles de turismo, como el arrendamiento con conductor. Incluye la suspensión temporal del otorgamiento de nuevos títulos habilitantes y criterios sobre emisiones y uso del espacio público.

La ley regula cómo la Administración de Castilla-La Mancha simplifica, agiliza y digitaliza sus procedimientos administrativos. Crea órganos de coordinación, un catálogo de procedimientos y un régimen para entidades colaboradoras y para la Administración digital, incluida la inteligencia artificial.

Regula cómo se determina qué organizaciones profesionales agrarias son más representativas en Castilla-La Mancha. Fija los requisitos para solicitar el reconocimiento y el procedimiento para medir esa representatividad, y deroga la normativa anterior.

La ley crea el Estatuto de los municipios rurales de Cataluña. Establece medidas para reforzar su financiación, mejorar los servicios públicos, facilitar el acceso a la vivienda y luchar contra el despoblamiento. También regula las relaciones entre estos municipios y otras administraciones.

La ley modifica normas de la Comunidad Autónoma de La Rioja sobre hacienda pública, presupuestos, tributos y administración. Incluye cambios en la gestión de la tesorería, en los presupuestos de 2025 y en materias como vivienda, urbanismo, servicios sociales, salud, policías locales y fondos europeos.

Establece medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público de la Administración de Canarias y mejorar la gestión de los recursos humanos. Regula el acceso al empleo fijo, las listas de empleo temporal y la promoción interna temporal. Incluye también medidas de protección de la infancia en juegos de azar y apuestas.

Regula la protección, gestión y ordenación del paisaje en La Rioja. Crea instrumentos como el Catálogo de Paisaje, la Directriz de Paisaje y el Observatorio del Paisaje, y establece un régimen de infracciones y sanciones.

El Tribunal Constitucional mantiene suspendida la Ley 1/2024 de Cantabria, que derogaba la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria de 2021. La suspensión se acordó al admitir un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno y sigue vigente.

Concede un suplemento de crédito a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña de 2023, que siguen prorrogados para 2025. La norma regula el importe del suplemento, cómo se financia y cómo se ejecutan los gastos que cubre.

Establece el diseño y la estructura de la Oficina Judicial en Aragón para los Tribunales de Instancia que se constituyen el 1 de julio de 2025. Regula los servicios comunes de tramitación y la organización del personal que apoya la función judicial.

Crea las Agrupaciones de Oficinas de Justicia en los municipios de Aragón, agrupando oficinas de municipios limítrofes de un mismo partido judicial. Cada agrupación tiene un municipio cabecera con personal de la Administración de Justicia que atiende a todas las oficinas integradas.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas, impuestos cedidos y tributos propios, y cambia normas sobre servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente y organización administrativa. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materias administrativas y tributarias para aplicar los objetivos de los presupuestos de 2025. Ajusta normas sobre hacienda, archivos, educación, montes, patrimonio cultural, ordenación del territorio, infancia, integridad pública y juego.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios apartados del artículo 7 y una letra de la disposición derogatoria única del Decreto-ley 5/2024 de las Illes Balears, que modifica normas sobre espacios naturales, agricultura, educación, empleo público, turismo, urbanismo y vivienda.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del Presidente del Gobierno contra varios artículos y disposiciones de la Ley 5/2024, de Concordia de la Comunitat Valenciana. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados queda suspendida.