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Modifica varias leyes de Cantabria en materia fiscal y administrativa. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas, subvenciones, servicios sociales, sanidad, empleo, urbanismo y turismo, entre otras materias.

La ley cambia el nombre del Consejo Escolar de Cataluña, que pasa a llamarse Consejo de Educación de Cataluña, y fija por ley su composición y su estructura interna. Regula también los cargos de presidente, vicepresidente, vocales y secretario, y las comparecencias y colaboraciones externas.

Regula el Instituto Vasco de Finanzas, un ente público de derecho privado adscrito a la Administración vasca. Define su naturaleza, fines, funciones, órganos de gobierno, personal, recursos económicos, patrimonio y régimen de transparencia. También fija cómo se extingue y liquida.

Regula el régimen de subvenciones que concede la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Establece cómo se planifican, conceden, justifican y controlan, y cuándo deben devolverse. También fija infracciones y sanciones y regula la recuperación de ayudas en caso de deslocalización empresarial.

La ley regula las políticas públicas de empleo en el País Vasco. Crea la Red Vasca de Empleo y una cartera de servicios de orientación, formación, intermediación y asesoramiento. Define derechos y obligaciones de las personas usuarias y el papel de Lanbide.

Crea y regula la Autoridad Vasca de Protección de Datos, un organismo público independiente que supervisa el cumplimiento de las normas de protección de datos en el País Vasco. Establece sus funciones, su régimen de personal y económico, y los procedimientos de investigación y sanción.

Establece la ley de educación del País Vasco: define el Sistema Educativo Vasco, sus principios, fines y valores, y ordena las enseñanzas desde educación infantil hasta personas adultas. Regula el derecho a la educación, el acceso a plazas, la convivencia en los centros, el uso de las lenguas, la gobernanza y la autonomía de los centros.

Modifica la Ley 11/2023 de contratación pública de Aragón para reforzar el uso de la contratación como herramienta de políticas públicas sociales, medioambientales y de innovación. Incluye reglas transitorias para expedientes ya iniciados y fija su entrada en vigor.

La ley regula la salud pública en Euskadi: fija los derechos y deberes de la ciudadanía, las actuaciones sobre los factores que influyen en la salud, la organización del sistema de salud pública y crea el Instituto Vasco de Salud Pública. También establece prestaciones, vigilancia, prevención y un régimen sancionador.

Fija los días inhábiles de 2024 en las Illes Balears para contar los plazos administrativos. Además de sábados y domingos, incluye doce fiestas autonómicas y nacionales y las fiestas locales de cada municipio.

Crea la Administración General del ente público Radiotelevisión Canaria (RTVC) y regula las competencias de su Dirección General cuando la Junta de Control está vacante o no puede funcionar. También mantiene medidas de habilitación y la continuidad del administrador único.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de Pontevedra sobre dos puntos de la Ley de medidas fiscales y administrativas de Galicia de 2022. Abre un plazo para que las partes del procedimiento judicial puedan personarse ante el Tribunal.

Aprueba el Plan Vasco de Estadística para el periodo 2023-2026, que fija las estadísticas y actividades estadísticas que realizará la Comunidad Autónoma de Euskadi en ese cuatrienio. También modifica la Ley 4/1986 de Estadística de Euskadi para adaptarla a las nuevas necesidades.

La ley regula la movilidad sostenible en Euskadi. Establece principios, objetivos y herramientas de planificación para reducir el impacto ambiental del transporte y fomentar el transporte público, la movilidad activa y el ferrocarril para mercancías.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley de las Corts Valencianes 5/2021, que regula el fondo de cooperación municipal. Declara la pérdida sobrevenida de objeto de los preceptos sobre distribución del fondo y requerimiento al presidente de la diputación, y considera constitucionales las restantes previsiones.

El Tribunal Constitucional anula la disposición adicional segunda de la Ley de la Asamblea de Madrid 1/2023, que exigía tramitar un procedimiento de jurisdicción voluntaria para obtener autorización judicial antes de cualquier actuación que afectara al derecho a la vida de personas con discapacidad con apoyo representativo. El tribunal considera que la norma autonómica invade competencias estatales sobre legislación procesal y civil.

Suprime la obligación legal de que el Instituto de Estadística de Navarra dependa del Departamento de Economía y Hacienda. Así, su adscripción a un departamento concreto deja de venir fijada por la ley.

La ley regula la recuperación de la memoria histórica y democrática de Euskadi sobre la Guerra Civil y el franquismo, entre 1936 y 1978. Establece medidas para la verdad, la justicia, el reconocimiento y la reparación de las víctimas, la búsqueda de personas desaparecidas y la retirada de símbolos contrarios a la memoria.

Aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen Jurídico del Instituto Vasco de Administración Pública. La norma actualiza y armoniza la versión en euskera de la ley de 1983, sin cambiar su contenido. Regula el régimen jurídico, la organización y los medios económicos del Instituto.