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Crea la oficina de asistencia en materia de registros del Ministerio de Universidades. Esta oficina ayuda a los ciudadanos a usar medios electrónicos: identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes y obtención de copias auténticas. También digitaliza los documentos presentados en papel.

Crea y regula la Comisión Asesora de Estudios del Ministerio de Trabajo y Economía Social y establece cómo se elabora y aprueba el Programa de Estudios del departamento. Fija la composición y funciones de la Comisión y las reglas para presentar, seguir y difundir los proyectos de estudio.

Crea y regula la Junta de Contratación y la Mesa única de Contratación del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Define su composición, funciones y funcionamiento, y suprime los órganos anteriores. Establece un régimen transitorio para los expedientes ya iniciados.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2021: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los entes dependientes. Incluye normas sobre personal público, pensiones, deuda pública, tributos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Establece medidas para modernizar la Administración Pública y gestionar los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Crea estructuras de gobernanza, instrumentos de gestión y normas para agilizar convenios, subvenciones y contratos vinculados a esos fondos.

Modifica la Ley 1/2005, que regula el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para adaptarla a la Directiva (UE) 2018/410. Actualiza normas sobre asignación gratuita, seguimiento y notificación de emisiones, verificación de datos, registro y derechos del sector de la aviación.

Crea la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y regula su composición, funcionamiento y funciones. Es un órgano colegiado que impulsa y coordina internamente las políticas de administración digital en ese ministerio.

Regula el trabajo a distancia en las empresas, incluyendo el teletrabajo. Establece que debe ser voluntario y acordarse por escrito entre empresa y persona trabajadora, y fija los derechos de quien trabaja fuera del centro de trabajo.

Regula cómo se usan los datos de los registros de nombres de pasajeros (PNR) de los vuelos para prevenir, detectar, investigar y enjuiciar delitos de terrorismo y delitos graves. Crea una Unidad de Información sobre Pasajeros en España y fija reglas para recoger, tratar, conservar y compartir esos datos.

Crea y regula el Consejo de Desarrollo Sostenible, un órgano colegiado asesor y de participación de la sociedad civil para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Fija sus funciones, su composición y su adscripción al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Prolonga y adapta las medidas laborales extraordinarias aprobadas por el COVID-19, como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y las prestaciones por desempleo asociadas. También regula apoyos a trabajadores autónomos y crea un fondo estatal para garantizar riesgos de compra de energía eléctrica de empresas electrointensivas.

Crea el Consejo de Participación de las Personas LGTBI como espacio de encuentro entre administraciones, interlocutores sociales y organizaciones de la sociedad civil. Regula su funcionamiento para dar transparencia y eficacia a las políticas de igualdad, no discriminación e inclusión de este colectivo.

Aprueba medidas para impulsar las energías renovables y ordenar su conexión a las redes eléctricas, fomentar la eficiencia energética y nuevos modelos de negocio. Incluye además medidas económicas y de empleo, como el destino del superávit de los ayuntamientos y deducciones fiscales por innovación.

Establece medidas de prevención, contención y coordinación frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones de higiene en centros de trabajo, comercios, hostelería, centros sanitarios y educativos, transportes y otros sectores. También fija la vigilancia epidemiológica, el control de medicamentos y un régimen sancionador.

Crea el ingreso mínimo vital, una prestación económica estatal para personas y hogares en situación de vulnerabilidad económica. Regula quiénes pueden cobrarla, cómo se calcula la cuantía, cómo se solicita y cómo se controla.

Establece medidas laborales y sociales para proteger el empleo durante la crisis del COVID-19. Regula los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas del artículo 22, la protección por desempleo de las personas afectadas y las cotizaciones a la Seguridad Social. También fija límites al reparto de dividendos y a la transparencia fiscal de las empresas que usan estas medidas.

Establece medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo durante la crisis del COVID-19. Incluye aplazamientos de alquiler para pymes y autónomos, medidas fiscales, financiación empresarial y protección de ciudadanos. También regula el desempleo y el acceso excepcional a planes de pensiones.