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Establece medidas para impulsar la transición energética y el consumo de cercanía en Aragón. Regula el autoconsumo, las comunidades de energía, las líneas directas y las redes de distribución cerradas. También ordena la integración urbanística de la generación renovable y crea un fondo de solidaridad energética.

Prorroga la vigencia de varias medidas tributarias aprobadas tras la erupción volcánica de La Palma y modifica otro decreto-ley sobre medidas urbanísticas y económicas para construir o reconstruir viviendas habituales afectadas por la erupción.

Declara de utilidad pública y aprueba la desafectación de 54.002,93 metros cuadrados de terreno comunal del Concejo de Sagaseta, en el Valle de Egües (Navarra). Autoriza al Concejo a permutar esos terrenos por 218.168,77 metros cuadrados de dos propietarios particulares para unificar los pastos del monte Izpikudi.

La ley regula en Aragón la agricultura social y familiar, el regadío, la reordenación de la propiedad agraria y el Patrimonio Agrario de la comunidad. También prevé actuaciones frente a daños en explotaciones agrarias por eventos naturales de especial intensidad.

Modifica el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. Cambia la regulación del suelo no urbanizable, amplía el contenido de las Delimitaciones del Suelo Urbano en municipios sin Plan General, suprime la limitación de vinculación de edificaciones en la zona de borde y acorta el régimen transitorio del planeamiento en tramitación.

La ley establece el marco de Canarias para luchar contra el cambio climático y avanzar hacia la transición energética. Crea órganos de coordinación y planificación, e integra criterios climáticos en urbanismo, contratación pública, energía, transporte y otras políticas. Incluye un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica varias normas de Canarias. Cambia la ley del suelo para regular la legalización de explotaciones ganaderas y los planes de ordenación de recursos naturales, ajusta el reglamento de planeamiento y modifica la ley de la Agencia Tributaria Canaria y la del patrimonio autonómico.

Desarrolla y aplica en Aragón la Ley 1/2021 de simplificación administrativa. Regula el silencio positivo, el plazo de resolución de tres meses y la sustitución de autorizaciones previas por declaraciones responsables o comunicaciones. Modifica varias leyes autonómicas para adaptar sus procedimientos.

Aprueba el pago de una prestación extraordinaria a las personas que reciben pensiones no contributivas, Fondo de Asistencia Social, Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y Prestación Canaria de Inserción en Canarias, por los efectos sociales de la COVID-19. También fija un suplemento extraordinario para titulares de la Prestación Canaria de Inserción en tres municipios afectados por la crisis volcánica.