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La ley regula la política de empleo en España: sus objetivos, planificación y gobernanza, la creación de la Agencia Española de Empleo y el funcionamiento de los servicios públicos de empleo. También ordena las políticas activas de empleo, la intermediación laboral y los servicios para personas desempleadas y empresas.

Modifica dos reales decretos que regulan subvenciones directas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estas subvenciones financian proyectos de accesibilidad universal a la vivienda para personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, y proyectos de innovación, investigación y divulgación sobre accesibilidad, incluidos un centro de accesibilidad cognitiva y un centro piloto sobre autismo.

La ley regula la accesibilidad universal en La Rioja para que las personas con discapacidad puedan usar en igualdad de condiciones los espacios públicos, los edificios, el transporte, la comunicación y los servicios. Crea órganos de control y promoción, como la Oficina Riojana de Accesibilidad Universal y el Consejo para la Accesibilidad, y establece un régimen de sanciones.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, que establece medidas urgentes de incentivos a la contratación laboral y de mejora de la protección social de las personas artistas. La convalidación mantiene vigente esa norma.

Modifica el Decreto 126/2010 para garantizar a las personas usuarias de viviendas tuteladas del sector de personas con discapacidad en la Región de Murcia un mínimo de dinero de bolsillo del 52 % del IPREM sobre sus ingresos reales líquidos del mes del cálculo.

Aprueba los Presupuestos Generales de Navarra para 2023, que incluyen los presupuestos del Parlamento, la Cámara de Comptos, el Defensor del Pueblo, la Administración de la Comunidad Foral, sus organismos autónomos, fundaciones y sociedades públicas, la Universidad Pública de Navarra y la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. Fija las cuantías de créditos e ingresos y regula las modificaciones de crédito, los gastos de personal, las operaciones financieras y la gestión presupuestaria.

Establece un nuevo sistema de incentivos a la contratación laboral, con bonificaciones a la Seguridad Social para contratos indefinidos y formativos de determinados colectivos. También regula medidas de protección social para las personas artistas.

La ley regula la atención a las personas con discapacidad en Navarra y la garantía de sus derechos. Aborda la no discriminación, la autonomía personal, la salud, los servicios sociales, la educación inclusiva, el empleo, la accesibilidad y la participación. También crea un régimen sancionador.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2023: fija los ingresos y autoriza los gastos del Estado y de sus entes dependientes. Incluye normas sobre personal, pensiones, deuda pública, tributos, entes territoriales y cotizaciones sociales.

Esta ley de Extremadura agrupa medidas para agilizar la respuesta de la administración a la ciudadanía y mejorar la prestación de servicios públicos. Incluye cambios en el impulso a proyectos empresariales, en normas ambientales, urbanísticas, tributarias, de consumo, de renta garantizada y de contratación pública, entre otras.

Establece las bases para conceder subvenciones del Consejo Superior de Deportes a entidades titulares de instalaciones deportivas capaces de albergar eventos internacionales. Las ayudas financian obras de modernización en eficiencia energética, inclusión y sostenibilidad, con cargo a fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra dos apartados de la Ley 8/2021 que reforman el Código civil en materia de apoyo a personas con discapacidad. Los recurrentes cuestionaban las reglas que impiden fijar visitas o estancias al progenitor inmerso en un proceso penal o con indicios de violencia doméstica o de género, y la que faculta al otro progenitor para dar asistencia psicológica a los hijos menores.

Establece el procedimiento para reconocer, declarar y calificar el grado de discapacidad. Regula los baremos, los equipos multiprofesionales que evalúan, la resolución, la tarjeta acreditativa, la revisión del grado y las reclamaciones. También fija reglas sobre confidencialidad y sistema de información.

Establece las bases reguladoras de las ayudas del «Programa Reina Letizia para la Inclusión», dirigidas a personas con discapacidad. El programa busca mejorar sus condiciones formativas y profesionales y su acceso al mercado laboral. Regula requisitos, solicitudes, cuantías, pago y justificación de las ayudas.

Publica el acuerdo del Consejo Territorial que fija el marco de cooperación y los criterios para repartir entre las comunidades autónomas los créditos estatales de 2022 para el nivel acordado de la dependencia. Estos créditos se recogen en el presupuesto del Imserso.