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Concede una subvención directa a la Fundación Minería y Vida para financiar actividades de sostenibilidad en la industria de las materias primas minerales. Estas actividades forman parte del I Plan de Acción 2026-2030, que incluye una campaña de concienciación, una memoria de sostenibilidad, una guía práctica y convenios voluntarios.

Concede de forma directa dos subvenciones: una a la Universidad Politécnica de Madrid y otra al Servicio de Salud del Principado de Asturias, para actuaciones en materia de seguridad minera. Regula el procedimiento, las obligaciones de las entidades beneficiarias, la cuantía, el pago y la justificación.

Modifica la Ley de infracciones y sanciones en materia de seguridad minera del Principado de Asturias. Añade que, cuando una infracción muy grave conlleve la clausura definitiva de la explotación, debe iniciarse el procedimiento de caducidad del derecho minero. También regula los procedimientos sancionadores ya en tramitación.

Fija las bases normalizadas de cotización por contingencias comunes en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón para el año 2026. Para calcularlas se tienen en cuenta las bases de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

Establece las normas para dar una subvención directa a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El dinero financia las obras de seguridad estructural y clausura de la instalación de residuos mineros abandonada Virgen de la Caridad, en Cartagena.

Fija el plazo especial para ingresar las diferencias de cotización que resultan de aplicar las nuevas bases de cotización de 2025 en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. Esas diferencias se ingresarán en un único plazo, el del mes de febrero de 2026.

Fija las bases normalizadas de cotización por contingencias comunes para 2025 en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. Para calcularlas se tienen en cuenta las bases de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas para el impulso económico de las comarcas mineras del carbón. Amplía el periodo durante el cual se pueden reconocer y pagar estas ayudas, que financian infraestructuras y la restauración de zonas degradadas por la minería.

Regula la concesión directa de dos subvenciones: una a la Universidad Politécnica de Madrid y otra al Servicio de Salud del Principado de Asturias, para actuaciones en materia de seguridad minera. Establece el procedimiento, las entidades beneficiarias, las obligaciones, la cuantía, el pago y la justificación.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2025. Incluye cambios en impuestos cedidos, un impuesto sobre estancias turísticas y modificaciones en telecomunicaciones, energía eólica, medio ambiente, vivienda, sanidad y empleo público, entre otras áreas.

La ley regula en Aragón el autoconsumo eléctrico, las comunidades de energía (ciudadanas, renovables y mancomunidades) y las redes de distribución cerradas. También ordena la integración urbanística de proyectos de generación renovable y crea el Fondo Aragonés de Solidaridad Energética.

La ley reúne medidas para simplificar y agilizar los trámites y procedimientos de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias normas y regula la simplificación en sectores como agricultura, agua, educación, energía, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

La ley regula cómo se valoran y fomentan los beneficios sociales y económicos de los proyectos que usan recursos naturales en Galicia, como las energías renovables y la minería. Integra esa valoración en la evaluación de impacto ambiental y crea instrumentos de participación y financiación.