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Regula cómo se certifica oficialmente que los vegetales y productos vegetales españoles cumplen los requisitos fitosanitarios del país de destino antes de exportarlos. Establece obligaciones para exportadores, entidades auditoras, agentes de control y laboratorios, y el procedimiento para expedir los certificados.

Crea la División de Laboratorios de Sanidad de la Producción Agraria, un órgano dependiente de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria. La División coordina los laboratorios nacionales de sanidad vegetal, animal y veterinario.

Establece los requisitos de información al consumidor y de comercialización de las mascarillas higiénicas, que no son productos sanitarios ni equipos de protección individual. Regula las definiciones, las obligaciones de etiquetado, los ensayos de laboratorio y la vigilancia del mercado.

Establece medidas sanitarias y administrativas para mantener el control de la respuesta a la COVID-19 en Cataluña. Incluye el uso de recursos de centros sanitarios privados, la habilitación de espacios para uso sanitario y la intervención de centros residenciales, entre otras medidas.

Concede dos subvenciones directas a la Universidad Politécnica de Madrid y al Servicio de Salud del Principado de Asturias para actuaciones en materia de seguridad minera. Fija el procedimiento, las obligaciones de las entidades beneficiarias, la cuantía, el pago y la justificación.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.

Establece la vigilancia epidemiológica obligatoria de la COVID-19 durante la transición hacia la nueva normalidad. Fija cómo se detectan los casos, cómo se obtienen y comunican los datos y cómo deben informar los laboratorios.

Regula cómo se caracteriza y se inscribe la maquinaria agrícola en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA). Fija criterios de potencia, condiciones de seguridad, marcas de calidad y requisitos para la inscripción obligatoria de determinadas máquinas.

Prorroga la validez de las autorizaciones de proyectos que usan animales con fines científicos o docentes y que vencían a partir del 1 de marzo de 2020. La prórroga dura hasta 120 días después de que termine el estado de alarma, ampliable 30 días más.