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La ley regula la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Establece medidas de los poderes públicos en ámbitos como el laboral, la salud, la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, la familia, la acción exterior, el medio rural y el turismo. También regula la rectificación registral de la mención al sexo, la protección frente a la discriminación y la LGTBIfobia, y un régimen de infracciones y sanciones.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra tres disposiciones finales de la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados.

Aprueba y publica el procedimiento oficial para valorar los puestos de trabajo, con el fin de aplicar la igualdad retributiva entre mujeres y hombres en las empresas. Este procedimiento se usa en la auditoría retributiva y en el registro retributivo.

Establece medidas para garantizar la protección integral frente a las violencias sexuales. Incluye prevención y detección en ámbitos educativo, sanitario, laboral y digital, formación de profesionales, asistencia integral a las víctimas y actuación policial y judicial.

Modifica la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para reforzar el sistema español de investigación. Cambia contratos laborales del personal investigador, crea la Agencia Espacial Española y regula planes de igualdad y financiación en I+D+I.

La ley regula los derechos de las personas LGTBI en Castilla-La Mancha y prohíbe la discriminación por pertenencia a este colectivo. Establece medidas en sanidad, educación, empleo, familia, cultura, deporte, migraciones y medio rural, y crea órganos como el Consejo LGTBI y un servicio de atención integral. Incluye un régimen de infracciones y sanciones.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 1/2022, de 8 de marzo, de educación de las Illes Balears. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

Modifica el Código Penal para incluir la aporofobia y la exclusión social como motivos de discriminación en los delitos de odio. También actualiza los artículos 22 y 510 sobre penas por fomentar, difundir o lesionar la dignidad de grupos discriminados.

La ley regula el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación en España. Prohíbe la discriminación por motivos como nacimiento, raza, sexo, religión, edad o discapacidad en ámbitos como el empleo, la educación, la sanidad, la vivienda o los servicios. Crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación y fija infracciones y sanciones.

Modifica por segunda vez la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco. Actualiza artículos sobre participación, subvenciones, contratación pública, empleo, cuidados, violencia machista y atención sanitaria, social, policial y judicial. También cambia otras leyes vascas relacionadas.

La ley regula la igualdad de trato y el reconocimiento de la identidad y expresión de género de las personas trans en La Rioja. Establece medidas en educación, sanidad, empleo, servicios sociales, cultura, deporte y medios de comunicación, y crea un régimen de infracciones y sanciones.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley del Parlamento de Canarias 2/2021, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

Establece medidas para tramitar más rápido los procedimientos administrativos de la Junta de Castilla-La Mancha relacionados con los fondos europeos de recuperación. Regula la organización de los órganos que los gestionan, la tramitación de convenios, subvenciones y contratos, el control del gasto y el refuerzo de personal.

Modifica la normativa gallega de igualdad para introducir medidas que garanticen la igualdad real entre mujeres y hombres en las universidades y en la investigación. Busca evitar discriminaciones en el acceso a las convocatorias públicas de investigación y incorporar la perspectiva de género en ese ámbito.