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El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, sobre medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial, al sector energético y en materia tributaria. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Establece las normas contables y los modelos de estados financieros que deben aplicar las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico. Regula qué información financiera deben hacer pública y qué información reservada deben enviar al Banco de España. También modifica dos circulares anteriores sobre cambio de moneda y entidades de crédito.

Amplía hasta el 30 de junio de 2021 el plazo para conceder avales públicos a autónomos y empresas, extiende los vencimientos y carencias de financiación avalada y permite avalar pagarés del MARF. También incluye medidas sobre gasoductos, subastas de derechos de emisión y tipos de IVA reducidos en bienes sanitarios.

Regula los créditos revolventes o revolving, un tipo de crédito renovable asociado a tarjetas y otros medios de pago. Establece deberes de información precontractual, periódica y adicional para las entidades, y un derecho de desistimiento para el cliente. También modifica normas sobre la Central de Información de Riesgos y la publicidad bancaria.

Establece las normas que debe cumplir la publicidad de productos y servicios bancarios para ser clara, suficiente, objetiva y no engañosa. Regula cómo las entidades controlan su propia publicidad y cómo el Banco de España la supervisa.

Modifica la Circular 4/2017 del Banco de España sobre información financiera de las entidades de crédito. Adapta los criterios contables y los modelos de estados financieros a las normas internacionales adoptadas por la Unión Europea y a los nuevos reglamentos de supervisión.

Modifica la Circular 4/2017 del Banco de España sobre información financiera de las entidades de crédito. Permite que las operaciones crediticias reestructuradas o refinanciadas no se clasifiquen obligatoriamente como riesgo en vigilancia especial si la entidad justifica que no hay un aumento significativo del riesgo de crédito.

El Banco de España deja sin efecto una resolución de 2012 que establecía cambios temporales en los criterios para aceptar activos de garantía en sus operaciones de política monetaria. La derogación se aplica desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Establece el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito: su definición, las actividades que pueden realizar, los requisitos para obtener y mantener la autorización, las obligaciones de solvencia e información y las reglas de supervisión. También modifica el Reglamento del Registro Mercantil y otra norma sobre entidades de crédito.

Modifica la Circular 1/2013 sobre la Central de Información de Riesgos (CIR) del Banco de España para adaptarla a la Ley 5/2019 de crédito inmobiliario. Amplía qué entidades deben declarar datos a la CIR y quién puede consultarlos.