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Establece las 25 direcciones provinciales del Instituto Social de la Marina y fija el ámbito territorial de cada una, con excepciones en A Coruña, Barcelona, Madrid, Málaga, Vigo y Vilagarcía de Arousa. También actualiza las competencias para gestionar prestaciones económicas de reglamentos comunitarios de Seguridad Social.

La ley establece medidas para impulsar la rehabilitación de edificios residenciales. Incluye una deducción en el IRPF por obras de mejora de eficiencia energética, cambios en la ley de propiedad horizontal y en la ley de suelo, y una línea de avales del Estado para financiar obras de rehabilitación.

Regula qué actos de los procedimientos de reconocimiento de ciertas prestaciones del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar puede realizar de forma automatizada el Instituto Social de la Marina, firmándolos con su sello electrónico. Los actos automatizables son las comunicaciones de trámite y la resolución del procedimiento.

Modifica varios reales decretos sobre la Seguridad Social para adaptar la estructura y las competencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y el Ministerio de Inclusión. Actualiza el reparto de competencias en incapacidades laborales y en la gestión de prestaciones, y suprime funciones informáticas de la Secretaría General.

Modifica el Real Decreto 258/1999 para actualizar el contenido obligatorio de los botiquines a bordo de los buques. Adapta la normativa española a la Directiva (UE) 2019/1834, que cambia los anexos sobre material sanitario de los botiquines.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 25/2021, de medidas en materia de Seguridad Social y otras medidas fiscales de apoyo social. Se ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Autoriza un crédito extraordinario de 5.012 millones de euros para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social por el impacto del COVID-19 y financiar las prestaciones. También regula la financiación de ampliaciones de crédito del Servicio Público de Empleo Estatal y establece que ciertas ayudas públicas no tributen en el IRPF ni en el Impuesto sobre Sociedades.