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Aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta que amplía las funciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social traspasadas a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Estas funciones se suman a las ya transferidas por el Real Decreto 895/2011.

Regula el procedimiento previo para decidir en qué grupos o actividades profesionales se permite anticipar la edad de jubilación aplicando coeficientes reductores. Estos supuestos son trabajos excepcionalmente penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres con altos índices de morbilidad o mortalidad. También se aplica a los trabajadores autónomos.

Desarrolla el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, un instrumento que, tras su activación por el Consejo de Ministros, permite a las empresas solicitar reducciones de jornada o suspensiones de contratos. Regula el procedimiento, las garantías para las personas trabajadoras y el Fondo RED.

Modifica el Estatuto de los Trabajadores para reducir la temporalidad y reforzar la estabilidad en el empleo. Regula los contratos de duración determinada, los contratos formativos y el Mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo. También adapta la normativa de empresas de trabajo temporal y de empleo.

Crea la Comisión Interministerial de Coordinación para el funcionamiento cohesionado del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Regula su naturaleza, composición, funciones y régimen de funcionamiento.

Modifica el reglamento que regula cómo se imponen las sanciones por infracciones de orden social y cómo se liquidan las cuotas de la Seguridad Social. Regula la reducción del importe de la sanción si la persona responsable reconoce la infracción y renuncia a alegaciones y recursos, y restaura la competencia para sancionar ciertas infracciones de Seguridad Social en el ámbito provincial.

Este real decreto-ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la defensa de la competencia, la prevención del blanqueo de capitales, las entidades de crédito, las telecomunicaciones, el IVA, los daños medioambientales, el desplazamiento de trabajadores y la defensa de los consumidores.

Prorroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la pandemia y mantiene las medidas de protección de las personas trabajadoras. También regula prestaciones extraordinarias de cese de actividad para trabajadores autónomos afectados por la crisis.

Modifica la Ley 12/2013 para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Establece medidas urgentes ante la crisis del sector agrario, con normas sobre las relaciones entre proveedores y compradores de productos agrícolas y alimentarios.

Aprueba medidas sociales complementarias de protección por desempleo y de apoyo al sector cultural. Crea un subsidio especial por desempleo y amplía el acceso a la prestación para artistas, personal técnico y auxiliar de la cultura y profesionales taurinos.

Amplía los casos en los que las organizaciones autorizadas de inspección y reconocimiento de buques pueden actuar en nombre de la Administración marítima española. También modifica el Real Decreto 877/2011 y el Real Decreto 357/2015 para incluir la remisión a normas de la Unión Europea sobre certificados de buques.

Modifica las normas de organización de cuatro organismos públicos del Ministerio de Trabajo: el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el Fondo de Garantía Salarial, el Servicio Público de Empleo Estatal y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Añade la abreviatura «O.A.» a sus nombres y adapta la composición del Consejo Rector de la Inspección a la nueva estructura ministerial.

Establece medidas para reactivar la economía tras el impacto del COVID-19 en transportes y vivienda. Incluye normas sobre gestión de pasajeros aéreos, ajustes en tasas portuarias, moratorias de préstamos para transporte por carretera y facilidades para el alquiler asequible.

Prolonga y adapta las medidas laborales extraordinarias aprobadas por el COVID-19, como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y las prestaciones por desempleo asociadas. También regula apoyos a trabajadores autónomos y crea un fondo estatal para garantizar riesgos de compra de energía eléctrica de empresas electrointensivas.

Establece medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo durante la crisis del COVID-19. Incluye aplazamientos de alquiler para pymes y autónomos, medidas fiscales, financiación empresarial y protección de ciudadanos. También regula el desempleo y el acceso excepcional a planes de pensiones.

Establece medidas laborales complementarias para paliar los efectos del COVID-19. Mantiene la actividad de centros sanitarios y de atención a mayores, protege el empleo y regula los ERTE y los contratos temporales durante el estado de alarma.

Modifica la Ley 12/2013 para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y corregir los desequilibrios entre proveedores y compradores. Establece medidas urgentes ante la crisis del sector agrario y prevé un informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, fijando sus órganos directivos hasta el nivel de Dirección General. Regula también los gabinetes, la delegación de competencias y medidas de coordinación entre ministerios.