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Establece la información que los ayuntamientos deben enviar sobre su esfuerzo fiscal de 2023 y cómo se comprueba. Fija el 17 de octubre de 2025 como fecha límite y exige el envío telemático con firma electrónica.

Establece la información que los ayuntamientos deben enviar sobre su esfuerzo fiscal de 2022 para el cálculo de su participación en los tributos del Estado. Fija el plazo hasta el 30 de junio de 2024 y la forma de envío telemático con firma electrónica, y regula cómo las Delegaciones de Economía y Hacienda comprueban esos datos.

Regula cómo las entidades locales piden al Estado la compensación por la pérdida de recaudación del IBI rústico de 2023. La exención beneficia a titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas que hayan sufrido una reducción de su rendimiento neto.

Establece cómo deben enviar los ayuntamientos al Ministerio de Hacienda los datos de su esfuerzo fiscal de 2021, necesarios para calcular su participación en los tributos del Estado de 2023. Fija el plazo hasta el 30 de junio de 2023 y la forma de envío telemático con firma electrónica.

Modifica las instrucciones a los Ayuntamientos sobre el Padrón municipal para adaptarlas a cambios del Código Civil. Exige el consentimiento de ambos progenitores o autorización judicial para empadronar a un menor con un solo progenitor. También ajusta el tratamiento de las personas con discapacidad.

Regula cómo los ayuntamientos piden al Estado que les compense por las cuotas de IBI y de IAE que dejan de cobrar en 2022. Estos beneficios fiscales se aplican a inmuebles y negocios dañados por los incendios forestales de junio, julio y agosto de 2022.

Establece cómo deben los ayuntamientos calcular y enviar por vía telemática la información sobre su esfuerzo fiscal de 2020, necesaria para la liquidación de su participación en los tributos del Estado de 2022. Fija el 30 de junio de 2022 como fecha límite y regula la comprobación de esos datos por las Delegaciones de Economía y Hacienda.

El Congreso convalida el Real Decreto-ley 26/2021, que adapta la Ley de Haciendas Locales a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Ordena su publicación.

Establece cómo los ayuntamientos deben enviar por vía telemática la información sobre su esfuerzo fiscal de 2019, necesaria para calcular su participación en los tributos del Estado de 2021. Fija el 30 de junio de 2021 como fecha límite y elimina la presentación en papel.