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Establece en qué casos el Ministerio de Justicia usará el código seguro de verificación (CSV) como firma electrónica en actuaciones administrativas automatizadas, es decir, las realizadas por medios electrónicos sin intervención directa de un empleado público. Regula cómo se genera y verifica ese código y quién es responsable.

Aprueba la Política de Seguridad de la Información y de los Servicios en el ámbito de la administración digital del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Crea el Comité de Seguridad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Departamento y fija su organización y funciones.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Real Decreto-ley 14/2019, que regula medidas urgentes en administración digital, contratación pública y telecomunicaciones. La sentencia analiza si la norma respetó los límites del decreto-ley y la distribución de competencias, y declara la constitucionalidad de los preceptos que modifican la administración y firma electrónica e intervención, seguridad y disciplina de redes y servicios de comunicaciones.

La ley reúne medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia normas en materias como vivienda, servicios sociales, educación, sanidad, justicia, agricultura y movilidad. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Crea la Escuela Militar de Ciberoperaciones como centro docente militar. Su finalidad es formar al personal de las Fuerzas Armadas que deba planear, dirigir, coordinar, controlar y ejecutar acciones en el ciberespacio.

Establece las bases para conceder ayudas a pequeñas y medianas empresas (pymes) dentro de los programas «Activa Industria 4.0», «Activa Crecimiento» y «Activa Ciberseguridad». Estas ayudas se financian con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y buscan impulsar el crecimiento de las pymes.

Modifica la Orden ETD/465/2021 para ampliar el plazo transitorio que permite a los prestadores de servicios electrónicos de confianza demostrar el cumplimiento de los requisitos de seguridad de los productos de identificación remota por vídeo mediante otras certificaciones, informes o pruebas, mientras no existan productos certificados según el esquema previsto.

Modifica las bases de las ayudas del Programa Kit Digital para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo. Amplía qué entidades pueden recibir el bono digital, añade el concepto de mejora funcional y actualiza las soluciones de digitalización y los conceptos no subvencionables.