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Modifica la Ley del sector ferroviario para adaptar la normativa española a las directivas europeas sobre el espacio ferroviario único. Reordena la definición de infraestructura ferroviaria e instalaciones de servicio y regula el acceso de nuevas empresas al transporte de viajeros por ferrocarril.

Regula la gestión del ciclo integral del agua en Galicia: abastecimiento, saneamiento y depuración. Ordena las aglomeraciones urbanas, la prestación de los servicios y la actuación de Augas de Galicia. Crea cánones para financiar la gestión de depuradoras, redes de colectores y abastecimientos.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Regula las profesiones del deporte y la actividad física en la Comunitat Valenciana. Define cinco profesiones (monitor, entrenador, preparador físico, director deportivo y profesor de Educación Física), la formación exigida para cada una y los requisitos para prestar servicios. También crea un censo de profesionales y regula la inspección.

Modifica la Ley 20/1998 de transportes urbanos de la Comunidad de Madrid para incluir en su regulación la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC). Ajusta la norma autonómica a la estatal, que reserva a estas autorizaciones el transporte interurbano.

La ley regula los derechos de las personas LGTBI en Castilla-La Mancha y prohíbe la discriminación por pertenencia a este colectivo. Establece medidas en sanidad, educación, empleo, familia, cultura, deporte, migraciones y medio rural, y crea órganos como el Consejo LGTBI y un servicio de atención integral. Incluye un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica la Ley del patrimonio cultural catalán para proteger los establecimientos emblemáticos. Obliga a los titulares de bienes culturales a avisar con seis meses de antelación cualquier cambio de uso o fin de actividad, y exige autorización administrativa para cambiar el uso de bienes culturales de interés local.

Modifica tres leyes catalanas de vivienda para afrontar la emergencia habitacional. Cambia artículos sobre el derecho a la vivienda, las medidas urgentes frente a la emergencia y la pobreza energética, y la protección de personas en riesgo de exclusión residencial.

Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia que reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2022. Incluye cambios en el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y otros tributos, y modifica varias leyes autonómicas sobre empleo público, medio ambiente, medio rural, movilidad, mar, servicios sociales, vivienda, sanidad y universidades.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas que acompañan a los presupuestos de Cantabria de 2022. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia varias leyes autonómicas sobre servicios sociales, empleo, salud, medio ambiente, turismo, consumo y transporte, entre otras.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

Modifica la Ley de salud pública de las Illes Balears y el régimen sancionador frente a incumplimientos de las normas dictadas durante la crisis de la COVID-19. Crea la Agencia de Salud Pública de las Illes Balears y regula su estructura, economía y personal.

Establece un régimen especial para conceder subvenciones y ayudas en materia de vivienda en las Illes Balears, con bases reguladoras y reglas de gestión propias. También modifica varias normas de vivienda, como la Ley 5/2018, para agilizar trámites y regular el derecho de retracto en transmisiones entre grandes tenedores.

La ley regula la recuperación de tierras agrarias en Galicia para uso agrícola, ganadero y forestal. Crea instrumentos de ordenación, movilización y recuperación de tierras, como el Banco de Tierras, los polígonos agroforestales y las aldeas modelo, y establece un régimen de control y sanciones.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.

Regula el uso recreativo de las aguas termales en Galicia. Establece cómo se declaran esas aguas, qué autorización o concesión se necesita para aprovecharlas, las condiciones de las instalaciones y el régimen de inspección y sanciones.