Buscar en el BOE

Actualiza la normativa reglamentaria española de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para adaptarla a los nuevos riesgos y a las exigencias internacionales. También introduce cambios puntuales en varias normas del sector financiero para ajustarlas al marco de la Unión Europea y reducir cargas administrativas.

Regula el Registro de producción y gestión de residuos, un registro único en todo el territorio nacional y compartido por las administraciones. Establece su estructura, contenido, fines y cómo se comunican, incorporan y actualizan los datos, así como el acceso a la información.

Cambia la dirección electrónica de la sede electrónica de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI). La nueva dirección es https://proteccioninformante.sede.gob.es. La dirección anterior seguirá accesible durante el tiempo necesario para la transición.

Sustituye el Real Decreto 1659/1998 y regula la información por escrito que la empresa debe dar a la persona trabajadora sobre las condiciones esenciales del contrato. Incluye reglas específicas para el trabajo en la pesca y para la gente de mar, con modelos de documento informativo y de contrato.

Modifica varias normas sobre pesca y fondos europeos agrícolas. Adapta la gobernanza del Plan Estratégico de la PAC a los cambios del Reglamento (UE) 2025/2649, que suprime la liquidación del rendimiento. También ajusta las ayudas a organizaciones profesionales del sector pesquero y la primera venta de productos pesqueros.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio, que adopta medidas dentro del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Modifica varias normas para impulsar la descarbonización del transporte y el uso de combustibles renovables. Fija objetivos de reducción de emisiones para el transporte aéreo, marítimo, ferroviario y por carretera, y regula la verificación de la sostenibilidad de estos combustibles.

Crea el procedimiento para que las entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal sean reconocidas como colaboradoras de la Administración General del Estado. Fija los derechos y obligaciones de estas entidades, los requisitos y la documentación para solicitarlo, y crea una Comisión de Evaluación que instruye y resuelve.

Establece un marco entre España y Egipto para proteger la información clasificada en el ámbito de la defensa que se genere o intercambie. Fija definiciones, autoridades de seguridad, grados de clasificación, medidas de protección, acceso, transmisión y contratos clasificados.

Modifica los plazos para comunicar datos sobre semillas certificadas de cereales, arroz, semillas oleaginosas y proteaginosas. Establece fechas concretas para informar sobre superficie aceptada, cantidad recolectada y nivel de existencias a través del sistema electrónico SIEGA.

Modifica y amplía el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado en marzo de 2026. Ajusta impuestos sobre la energía y los carburantes, y extiende ayudas a agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas.

Crea el Comité de Integridad del Ministerio de Hacienda y fija su composición y funciones. También regula el Comité Antifraude y la Comisión del Sistema Interno de Información, y cómo se coordinan estos tres órganos.

Modifica el Real Decreto 1345/2007 para ajustar el sistema de verificación y autenticación de medicamentos. Cambia los artículos 81, 84, 85 y 86 sobre los dispositivos de seguridad en los envases y el funcionamiento del Nodo SNSFarma. Regula la conexión al repositorio nacional de los servicios de farmacia y otras entidades autorizadas a dispensar medicamentos con cargo al Sistema Nacional de Salud.

Establece el marco para implantar los sistemas inteligentes de transporte (SIT) en el transporte por carretera y sus conexiones con otros modos. Regula los datos y servicios SIT, los principios de implantación y el intercambio de información. También modifica el Reglamento General de Circulación.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto entre órganos constitucionales presentado por el Senado contra el Gobierno. El Senado pidió que el Presidente del Gobierno compareciera ante su Pleno para informar sobre varios accidentes ferroviarios, y el Gobierno rechazó ese requerimiento.

Vuelve a introducir en el ordenamiento las modificaciones sobre la Central de Información de Riesgos del Banco de España y sobre la publicidad de los créditos revolving que el Tribunal Supremo anuló por un defecto de procedimiento. Regula de nuevo el contenido de los informes de riesgos y los criterios del ejemplo representativo en la publicidad de estos créditos.