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La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Actualiza las normas de información financiera de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Incorpora cambios en las normas internacionales de contabilidad adoptadas en la Unión Europea sobre los índices de tipos de interés de referencia (IBOR) y ajusta los modelos de estados financieros de supervisión (FINREP).

Establece qué costes del operador del mercado eléctrico (OMIE) se pueden recuperar por su trabajo en los acoplamientos únicos diario e intradiario de electricidad en la Unión Europea. Fija cómo se financian esos costes y cómo se determinan y revisan.

Regula los principios generales y la organización del sistema de información contable de la Seguridad Social. Sustituye al Real Decreto 508/2000 y actualiza el marco que aplica la Intervención General de la Seguridad Social. Incluye el ámbito de aplicación, los fines y los principios del sistema.

Modifica la Circular 2/2016 del Banco de España sobre supervisión y solvencia de las entidades de crédito. Con ello completa la adaptación del derecho español a la Directiva 2013/36/UE y al Reglamento (UE) n.º 575/2013. La norma se enmarca en el desarrollo de herramientas macroprudenciales para el sistema financiero.

Adopta medidas urgentes en materia de energía para facilitar la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, impulsar el autoconsumo eléctrico y el despliegue de energías renovables. Modifica varias normas del sector eléctrico, de hidrocarburos y tributarias.

Modifica el artículo 47 de la Orden de 28 de mayo de 2001, que regula las declaraciones de inversiones exteriores en valores negociables mediante el modelo D-6. Cambia los procedimientos de declaración anual de posición y de operaciones cuando los valores están depositados en entidades no residentes o bajo custodia del titular.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 24/2021, que traspone varias directivas de la Unión Europea. Las materias son bonos garantizados, fondos de inversión transfronterizos, datos abiertos del sector público, derechos de autor en línea, exenciones temporales a importaciones y suministros, derechos de las personas consumidoras y promoción de vehículos de transporte por carretera limpios.

Modifica las bases reguladoras de las subvenciones del Estado al Seguro Agrario. Cambia el Real Decreto 425/2016, que regula la concesión de estas ayudas a los agricultores que contratan seguros agrarios.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 23/2021, de medidas urgentes en materia de energía. La norma busca proteger a los consumidores y dar transparencia a los mercados mayorista y minorista de electricidad y gas natural.

Establece los modelos de información que las entidades de crédito y otras entidades supervisadas deben elaborar y enviar al Banco de España sobre conducta de mercado, transparencia y protección de la clientela. También regula el registro de reclamaciones que deben mantener a disposición del Banco de España.

Aprueba la política de seguridad de la información y de protección de datos en los sistemas electrónicos del Ministerio de Universidades. Crea la Comisión Ministerial de Administración Digital y fija su composición y funciones. También define los roles responsables de la seguridad y el tratamiento de datos.

Modifica tres reales decretos sobre entidades financieras: las sociedades de reafianzamiento, el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público y el desarrollo de la ley de ordenación y solvencia de entidades de crédito. Adapta estas normas al marco europeo de supervisión bancaria.

Adapta al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula los bonos garantizados que emiten los bancos, la venta transfronteriza de fondos de inversión, la reutilización de datos del sector público, los derechos de autor en internet, ciertas exenciones de IVA, la protección de las personas consumidoras y el fomento de vehículos de transporte limpios.

Establece medidas urgentes para proteger a los consumidores frente a la subida de precios de la electricidad y el gas natural. Aumenta los descuentos del bono social eléctrico y mejora el bono social térmico, y refuerza la transparencia y supervisión en los mercados mayorista y minorista de electricidad y gas.