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Establece medidas para modernizar la Administración Pública y gestionar los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Crea estructuras de gobernanza, instrumentos de gestión y normas para agilizar convenios, subvenciones y contratos vinculados a esos fondos.

Modifica el Real Decreto 263/2019, que regula las ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial. El cambio amplía el plazo para solicitar las ayudas y ajusta el presupuesto del programa.

Fija el final del pago diferido de cuotas a la Seguridad Social a través de asociaciones empresariales para tres sistemas especiales del Régimen General: frutas y hortalizas, conservas vegetales y manipulado de tomate fresco. Las empresas podrán usar esa modalidad hasta la cotización de diciembre de 2020.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, sobre medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial, al sector energético y en materia tributaria. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Modifica la Ley 1/2005, que regula el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para adaptarla a la Directiva (UE) 2018/410. Actualiza normas sobre asignación gratuita, seguimiento y notificación de emisiones, verificación de datos, registro y derechos del sector de la aviación.

Desarrolla el ajuste de la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para el periodo 2021-2030. Regula las obligaciones de información de las instalaciones, los ajustes de la asignación y la expedición de derechos, así como las solicitudes de los nuevos entrantes.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar la administración pública en las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Incluye cambios en licencias de obras, ayudas, contratación de personal, compras sanitarias y normas fiscales y presupuestarias.

Amplía hasta el 30 de junio de 2021 el plazo para conceder avales públicos a autónomos y empresas, extiende los vencimientos y carencias de financiación avalada y permite avalar pagarés del MARF. También incluye medidas sobre gasoductos, subastas de derechos de emisión y tipos de IVA reducidos en bienes sanitarios.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 2/2020 de Andalucía, que mejora y simplifica la regulación para fomentar la actividad productiva. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores.

Aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears. Regula cómo se evalúan los efectos sobre el medio ambiente de planes, programas y proyectos antes de aprobarlos o ejecutarlos. Incluye el procedimiento, el órgano ambiental competente y el régimen de seguimiento y sanciones.

Establece las normas para dar una subvención directa a la Comunidad Autónoma de Aragón. El dinero financia inversiones en la provincia de Teruel que generen actividad económica, renta y empleo. No se convoca concurso público porque se considera una situación singular.

Modifica las bases de las ayudas para la transformación digital de la industria española (Industria Conectada 4.0). Reduce la aportación inicial que deben hacer las empresas para participar en el programa, y ese menor importe lo asume el presupuesto del Ministerio.

Declara que las ayudas del artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019 se aplican a varias situaciones catastróficas ocurridas entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020. Estas ayudas son subvenciones para que las entidades locales reparen infraestructuras y servicios dañados.

Crea una nueva cualificación profesional de la familia Seguridad y Medio Ambiente: «Acopio, clasificación y almacenamiento inicial de residuos». La incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y modifica varios reales decretos de cualificaciones.