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La ley regula la integridad pública en Castilla-La Mancha: fija reglas de incompatibilidades y conflictos de intereses para cargos públicos, crea una Oficina de integridad y registros de actividades y bienes, y establece un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Eleva a veinte años el tiempo exigido en la carrera judicial para ser magistrado del Tribunal Supremo y regula la excedencia voluntaria de jueces y magistrados que accedan a cargos públicos o políticos.

Regula las enseñanzas artísticas superiores: su estructura, títulos de grado, máster y doctorado, centros, estudiantado y profesorado. También establece la organización y las equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales.

Modifica el reglamento de las escuelas particulares de conductores y el reglamento general de conductores para adaptarlos al título de Técnico Superior en Formación para la movilidad segura y sostenible. Permite que quienes tengan ese título puedan ser profesores de formación vial o directores de escuelas de conductores.

Esta ley orgánica regula el sistema universitario español en su conjunto. Establece las funciones de las universidades, su autonomía, la creación de universidades públicas y privadas, la organización de las enseñanzas y títulos, la investigación, la gobernanza y el régimen económico y de personal.

Modifica el artículo 68 de la Ley Foral 14/2004, que regula la situación de cargos públicos electos o de libre designación investigados por delitos de corrupción. Establece que, al conocer un auto judicial que les atribuye la condición de investigados por determinados delitos del Código Penal, su permanencia en el cargo se entiende incompatible con la confianza ciudadana y el prestigio institucional.

La ley aprueba medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana para 2021. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, y modificaciones en normas sobre servicios sociales, vivienda, sanidad, agricultura, educación y sector público.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materias como tasas, igualdad, servicios sociales, vivienda, hacienda, justicia, sanidad, educación, economía, agricultura, territorio y transparencia. También reorganiza entes del sector público instrumental y crea el Observatorio Fiscal de la Comunitat Valenciana.

Deroga el apartado 5 del artículo 3 bis de la Ley Foral 19/1996, que regulaba un complemento personal para funcionarios de Navarra que hubieran ocupado altos cargos. Desde la entrada en vigor, esos funcionarios dejan de percibir ese complemento.