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Desarrolla medidas para coordinar la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales entre administraciones. Establece una calificación común de las unidades de extinción, un protocolo de coordinación de medios aéreos, indicativos de radio únicos, simbología común en mapas y condiciones mínimas de seguridad del personal.

Regula la concesión directa de ayudas para compensar los daños en la actividad agraria causados por los grandes incendios forestales de 2025. Incluye una ayuda por pérdida de renta en explotaciones afectadas y otra para incrementar la subvención a la prima del seguro agrario combinado.

Establece las directrices y criterios comunes que deben seguir las comunidades autónomas para elaborar sus planes anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. Los planes deben cubrir todo el año, con análisis de riesgo, zonificación del territorio, catálogo de medios y medidas preventivas.

Aprueba la Norma Básica de Protección Civil, que fija las directrices para identificar riesgos de emergencias y catástrofes, el contenido mínimo de los planes de protección civil y las bases para coordinar a los servicios de intervención. También establece el catálogo de riesgos que deben planificarse.

Establece un marco para conservar los recursos genéticos forestales y de la flora silvestre. Crea redes de unidades de conservación en el medio natural y un Banco Nacional de Germoplasma Forestal y de Flora Silvestre. También modifica la composición y funciones de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y del Consejo Forestal Nacional.

Establece una nueva cualificación profesional de la familia Seguridad y Medio Ambiente y la incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. También modifica varios reales decretos anteriores de cualificaciones profesionales.

Modifica las directrices básicas y los planes estatales de protección civil para mejorar la atención a las personas con discapacidad y a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante emergencias. Incluye criterios de accesibilidad en la información y en los servicios de emergencia.