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Establece las directrices y criterios comunes que deben seguir las comunidades autónomas para elaborar sus planes anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. Los planes deben cubrir todo el año, con análisis de riesgo, zonificación del territorio, catálogo de medios y medidas preventivas.

Establece el marco básico estatal para los bomberos forestales que trabajan en la extinción de incendios. Regula sus funciones, clasificación profesional, formación, salud laboral, jornada y derechos específicos, así como el mantenimiento de plantillas en caso de sucesión empresarial.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2024 de la Junta de Andalucía, que adopta medidas de simplificación y racionalización administrativa y de impulso de la actividad económica. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista.

Modifica la Ley de Montes y Ordenación Forestal de Asturias para adaptarla a los cambios de la normativa estatal sobre incendios forestales. Cambia siete artículos: el Consejo Forestal, las medidas de prevención y lucha contra incendios, el uso del fuego y la quema de rastrojos, y el régimen de infracciones y sanciones.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en impuestos cedidos, como deducciones en el IRPF para familias, y modifica normas sobre empleo público, vivienda, medio rural, aguas, transporte, pesca, servicios sociales, sanidad y comercio.

Aprueba la Norma Básica de Protección Civil, que fija las directrices para identificar riesgos de emergencias y catástrofes, el contenido mínimo de los planes de protección civil y las bases para coordinar a los servicios de intervención. También establece el catálogo de riesgos que deben planificarse.

Modifica la Ley 3/2008 de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha para adaptarla a la normativa estatal y a las estrategias europeas de biodiversidad y bosques. También cambia otras dos leyes autonómicas y fija reglas transitorias para procedimientos en curso.

La ley establece medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2023. Incluye cambios en el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y tasas, y modifica normas sobre empleo público, medio ambiente, vivienda, medio rural, infraestructuras, política social, sanidad, industria, comercio e innovación.

Regula cómo los ayuntamientos piden al Estado que les compense por las cuotas de IBI y de IAE que dejan de cobrar en 2022. Estos beneficios fiscales se aplican a inmuebles y negocios dañados por los incendios forestales de junio, julio y agosto de 2022.

Permite a las instalaciones de cogeneración renunciar al régimen retributivo específico para acogerse al mecanismo de ajuste de costes del gas. También reduce temporalmente el IVA del gas natural, briquetas y pellets, e impulsa la tramitación de renovables.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, que adopta medidas urgentes en materia de incendios forestales. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Modifica la Ley de Montes y adopta medidas urgentes para prevenir, vigilar y extinguir incendios forestales. Refuerza la coordinación entre el Estado, las comunidades autónomas, el sector privado y la sociedad durante todo el año.

Establece un marco para conservar los recursos genéticos forestales y de la flora silvestre. Crea redes de unidades de conservación en el medio natural y un Banco Nacional de Germoplasma Forestal y de Flora Silvestre. También modifica la composición y funciones de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y del Consejo Forestal Nacional.

Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia que reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2022. Incluye cambios en el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y otros tributos, y modifica varias leyes autonómicas sobre empleo público, medio ambiente, medio rural, movilidad, mar, servicios sociales, vivienda, sanidad y universidades.

Fija las cuantías de las indemnizaciones para las personas que sufren accidentes al colaborar en la extinción de incendios forestales. Incluye pagos por muerte o incapacidad y la asistencia médica y hospitalaria hasta la curación. También establece las tarifas de primas del seguro y su compatibilidad con otros seguros.