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Establece los grados C, B y A de varios títulos de Formación Profesional en cuatro familias profesionales: Artes Gráficas, Fabricación Mecánica, Servicios Socioculturales y a la Comunidad, y Vidrio y Cerámica. Ordena estas ofertas formativas dentro del sistema de grados A, B, C, D y E de la Formación Profesional.

Regula la concesión directa de subvenciones a entidades del tercer sector para actuaciones de igualdad de trato y no discriminación. Las ayudas se dirigen a atender a personas que viven en asentamientos informales y a víctimas de acciones LGTBIfóbicas.

Modifica el artículo 27 de la Orden CNU/709/2024 para añadir conceptos presupuestarios a los que se puede imputar la financiación de las ayudas para Unidades de Investigación Clínica del PERTE para la Salud de Vanguardia. Entra en vigor el día siguiente al de su publicación.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Igualdad a varias entidades. Estas ayudas financian la inserción sociolaboral de mujeres y niñas víctimas de trata, de explotación sexual y de mujeres en contextos de prostitución.

Convoca el procedimiento para conceder el distintivo «Igualdad en la Empresa» correspondiente a 2024 y aprueba sus bases. Pueden presentarse empresas y entidades que actúen en España y destaquen por aplicar políticas de igualdad entre mujeres y hombres.

Establece la representación paritaria y la presencia equilibrada de mujeres y hombres en órganos constitucionales, el Gobierno, el sector público, colegios profesionales, sindicatos, empresas, fundaciones y otros ámbitos. Modifica varias leyes para aplicar este criterio, incluida la ley electoral y la del Estatuto de los Trabajadores.

Aprueba las bases reguladoras para conceder ayudas a la creación y desarrollo de Unidades de Investigación Clínica, en el marco del PERTE para la Salud de Vanguardia y del Plan de Recuperación. Además, abre la convocatoria de estas ayudas para el año 2024.

La ley establece el marco para afrontar el cambio demográfico en Asturias: envejecimiento, baja natalidad y despoblación rural. Crea una estrategia y planificación demográfica, una comisión gubernamental y un observatorio, y ordena medidas en servicios sociales, sanidad, educación, empleo, fiscalidad y territorio.

Crea y regula el Consejo Asesor de Brecha de Género, un órgano del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Su función es asesorar en la toma de decisiones sobre las políticas públicas del ministerio que afectan a las desigualdades entre mujeres y hombres.

Sustituye la ley anterior de 2012 y regula la no discriminación por identidad de género y los derechos de las personas trans e intersexuales en el País Vasco. Establece medidas en administración, sanidad, familia, empleo, educación, cultura, deporte, justicia y emergencias.

La ley regula los derechos y deberes de las personas menores de edad en Euskadi y las actuaciones para promover su bienestar. También establece cómo prevenir, detectar y atender situaciones de violencia, desprotección o conflicto con la ley penal, y crea órganos de coordinación y participación.

Modifica las bases de las subvenciones para programas y proyectos contra la violencia hacia las mujeres. Añade un nuevo tipo de proyecto subvencionable: los de innovación social y alianzas entre varios actores. También ajusta la gestión del procedimiento para agilizar los trámites.

Crea el Distintivo de Igualdad de Género en I+D+I, un reconocimiento oficial para entidades que investigan e innovan. Regula cómo se solicita, qué requisitos y criterios se valoran, cómo se concede, sus obligaciones y su vigencia, renovación, suspensión y revocación.

Crea la Comisión Interministerial para el desarrollo y mejora de la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública. Regula su adscripción, finalidad, composición, funciones, participación de terceros, grupos de trabajo y régimen de funcionamiento.

La ley establece objetivos de bienestar para las generaciones presentes y futuras en las Illes Balears y crea una comisión que evalúa el impacto de las políticas públicas y de las normas sobre ese bienestar. También obliga a elaborar informes de evaluación de impacto, incluido uno anual y otro sobre los presupuestos.