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Publica un acuerdo del Consejo de Ministros que modifica por segunda vez las condiciones del primer tramo de la línea de avales públicos a la financiación de empresas y autónomos, creada para responder a la guerra en Ucrania. Amplía el plazo para solicitar los avales hasta el 1 de diciembre de 2023.

Establece un nuevo Código de Buenas Prácticas para aliviar la subida de los tipos de interés en préstamos hipotecarios sobre vivienda habitual. Modifica normas sobre protección de deudores hipotecarios y adopta otras medidas para mejorar el mercado de préstamos hipotecarios.

Modifica el acuerdo que fija las condiciones del primer tramo de avales públicos a empresas y autónomos. Eleva los importes máximos de aval por beneficiario para ajustarlos a la modificación del Marco Temporal europeo de ayudas de Estado.

El Consejo de Ministros ordena al Instituto de Crédito Oficial (ICO) ampliar el plazo de vencimiento de los avales públicos concedidos a empresas y autónomos al amparo de los Reales Decretos-leyes 8/2020 y 25/2020. También permite a CERSA ampliar los vencimientos de sus reavales, con un plazo máximo de diez años.

La ley establece medidas para impulsar la rehabilitación de edificios residenciales. Incluye una deducción en el IRPF por obras de mejora de eficiencia energética, cambios en la ley de propiedad horizontal y en la ley de suelo, y una línea de avales del Estado para financiar obras de rehabilitación.

Establece las condiciones del primer tramo de una línea de avales públicos de 5.000 millones de euros para que las entidades financieras concedan financiación a empresas y autónomos. El Instituto de Crédito Oficial gestiona los avales, que cubren el capital impagado y no los intereses.

Modifica el Código de Buenas Prácticas para la renegociación de deudas con aval público de empresas y autónomos. Las entidades financieras adheridas deben mantener hasta el 30 de septiembre de 2022 los límites y condiciones de las líneas de circulante concedidas a sus clientes.

Adopta medidas urgentes para paliar los daños de la sequía en el sector agrario. Incluye aplazamientos de cuotas de la Seguridad Social, reducciones fiscales, apoyo a la financiación y medidas excepcionales para las cuencas del Guadalquivir y del Guadiana.

Amplía hasta el 1 de junio de 2022 el plazo para solicitar los avales públicos a empresas y autónomos de los Reales Decretos-leyes 8/2020 y 25/2020. También modifica el Código de Buenas Prácticas de renegociación de deuda avalada para extender sus plazos y adaptar sus importes.

Prorroga varias medidas económicas aprobadas durante la pandemia para apoyar a empresas y autónomos. Extiende el plazo de ayudas a la liquidez y la solvencia, excluye las pérdidas de 2020 y 2021 como causa de disolución y amplía la moratoria para declarar concurso. También fija reglas sobre inversiones extranjeras y medidas en el suministro de gas.

Establece medidas para impulsar la rehabilitación de edificios residenciales. Crea una deducción en el IRPF por obras que mejoren la eficiencia energética de las viviendas, modifica la ley de propiedad horizontal y la ley de suelo, y aprueba una línea de avales del Estado para financiar estas obras.

Modifica el procedimiento para validar avales presentados ante la Agencia Tributaria mediante un código NRC. Desde ahora, el NRC lo genera la propia Agencia Tributaria a petición telemática de la entidad avalista, y no la entidad financiera.

Regula ayudas directas para autónomos y empresas de Extremadura financiadas por el Gobierno de España, para reducir deudas y pagar costes fijos. También establece ayudas urgentes para actividades de ocio y educación no formal de niños de 2 a 5 años, y modifica normas anteriores sobre garantías, cámaras de comercio y espectáculos públicos.

Establece las bases reguladoras de las subvenciones para que titulares de explotaciones agrarias, operadores del sector pesquero e industrias agroalimentarias obtengan avales de SAECA que garanticen préstamos para su financiación. Regula beneficiarios, requisitos, cuantías, solicitud, resolución, pago y reintegro.

Establece las condiciones del sexto tramo de la línea de avales públicos para financiar inversiones de empresas y autónomos. El tramo asciende a 15.000 millones de euros y el Estado avala la financiación que conceden las entidades financieras.

Amplía los plazos para pedir y firmar los préstamos avalados y subvencionados por el Estado para pagar el alquiler de la vivienda habitual. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 9 de agosto de 2021 y los préstamos se pueden formalizar hasta el 9 de septiembre de 2021.

Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba el Código de Buenas Prácticas para renegociar la financiación avalada de empresas y autónomos. Ordena al ICO, CERSA y CESCE ampliar los vencimientos de avales y coberturas de crédito y fija cómo se adhieren las entidades financieras.