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Adapta la ley que regula las haciendas locales a varias sentencias del Tribunal Constitucional sobre el impuesto municipal que grava la subida de valor de los terrenos urbanos. Establece que no se pague el impuesto cuando no haya aumento de valor y cambia cómo se calcula la base imponible para que refleje el mercado inmobiliario.

Establece las normas para que las entidades locales y sus organismos dependientes formulen cuentas anuales consolidadas, que muestren la situación financiera, patrimonial y presupuestaria del grupo. Define qué entidades forman el grupo, cuándo hay obligación de consolidar y qué métodos aplicar.

Fija cómo se reparten 2.000.000 de euros entre municipios con bases militares de Estados Unidos en España y municipios cercanos. El 85 % va a Rota y Arahal, y el 15 % a Carmona y Morón de la Frontera, en proporción a su población.

Modifica la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra. Incluye una compensación a las entidades locales por la pérdida de ingresos derivada de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas y regula las deudas derivadas de sentencias judiciales o resoluciones del Tribunal Administrativo de Navarra. También cambia la cuantía y el reparto del Fondo de participación de las Haciendas Locales.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2021: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los entes dependientes. Incluye normas sobre personal público, pensiones, deuda pública, tributos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Establece cómo los ayuntamientos deben enviar la información sobre su esfuerzo fiscal de 2018 a las Delegaciones de Economía y Hacienda, con datos de recaudación y bases de varios impuestos locales. Fija el 31 de octubre de 2020 como fecha límite y permite presentarla en papel o por vía telemática con firma electrónica.

Permite a los ayuntamientos usar el superávit de 2019 para inversiones sostenibles y les da apoyo financiero. Crea créditos extraordinarios para la recuperación económica y social local y para el transporte público. Regula también el endeudamiento local y su participación en tributos del Estado.

Aprueba un cuarto paquete de medidas urgentes en Navarra para responder al impacto de la crisis sanitaria del COVID-19. Incluye medidas tributarias, como la reducción de pagos de impuestos y la ampliación de plazos, y permite usar de forma temporal el Fondo de Educación y Promoción de las Cooperativas.

Aprueba medidas para impulsar las energías renovables y ordenar su conexión a las redes eléctricas, fomentar la eficiencia energética y nuevos modelos de negocio. Incluye además medidas económicas y de empleo, como el destino del superávit de los ayuntamientos y deducciones fiscales por innovación.

Establece medidas urgentes para paliar los efectos sociales y económicos del COVID-19. Incluye la suspensión de desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables, prórrogas y moratorias en el alquiler y la hipoteca, ayudas al alquiler y un subsidio extraordinario para empleados de hogar y por fin de contrato temporal.

Establece medidas urgentes para reducir el impacto económico y social del COVID-19. Incluye apoyo a trabajadores, familias y colectivos vulnerables, ajustes temporales de empleo para evitar despidos, liquidez para empresas y autónomos, y apoyo a la investigación.

Establece la cantidad del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra para 2020 y cómo se reparte entre municipios y concejos. Regula también otras ayudas, como la Carta de Capitalidad y la financiación del déficit de Montepíos.

Prolonga la vigencia del Plan de Inversiones Locales 2017-2019 de Navarra hasta que se apruebe uno nuevo, y cambia las reglas sobre retrasos en las obras y en la justificación de su finalización. Establece penalidades económicas para las entidades locales que se retrasen.

Modifica varias normas tributarias de Navarra, entre ellas el IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio, el de Sociedades, el de Sucesiones y Donaciones y el de Transmisiones Patrimoniales. También ajusta tasas, precios públicos y la Ley Foral de Haciendas Locales, y adapta la normativa a cambios del Derecho Civil Foral.