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Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas, impuestos cedidos y tributos propios, y cambia normas sobre servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente y organización administrativa. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2025: fija los estados de gastos e ingresos, las reglas para modificar créditos, las retribuciones del personal público y las operaciones de endeudamiento y avales.

La ley reúne medidas para simplificar y agilizar los trámites y procedimientos de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias normas y regula la simplificación en sectores como agricultura, agua, educación, energía, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Establece el marco para simplificar los trámites y procedimientos de la Administración de la Comunitat Valenciana. Crea órganos y planes de simplificación, regula el Canal Empresa, la carpeta ciudadana y el uso de nuevas tecnologías, y modifica normas en muchas materias.

Modifica dos leyes de la Comunitat Valenciana: la de Transparencia y Buen Gobierno y la de Incompatibilidades de cargos públicos no electos. Cambia el régimen de incompatibilidades de los altos cargos y el de publicidad de sus declaraciones y agendas. También ajusta el plan de gobierno, los informes normativos y el anuncio de la consulta pública previa.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para simplificar y agilizar el funcionamiento de sus instituciones y organismos. Regula el estatuto de los expresidentes, la evaluación posterior de las normas y crea el Consejo de Transparencia y Protección de Datos.

Crea el Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos de las Illes Balears. Regula las declaraciones de patrimonio y de actividades de los cargos públicos y la organización del Registro. Dispone la liquidación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción y la integración de registros existentes.

Esta ley elimina el artículo 13 bis de la Ley 1/2014, que regula el estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La norma entra en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Elimina el límite de dos mandatos para ser presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia. Deroga el apartado 2 del artículo 7 de la Ley 6/2004, que impedía ser elegido presidente a quien ya hubiera ocupado el cargo durante dos mandatos.

Crea la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, que investiga e inspecciona posibles casos de fraude y corrupción en la Administración andaluza, las administraciones locales y las universidades públicas. Establece también un régimen de protección para las personas que denuncian y un régimen sancionador por infracciones.