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Aprueba el acuerdo por el que el Estado traspasa a la Comunidad Autónoma de Galicia las funciones y servicios sobre ordenación y gestión del litoral. El traspaso será efectivo desde la fecha que fija el propio acuerdo.

Amplía a Castilla-La Mancha, Galicia y la Comunitat Valenciana la declaración de emergencia de interés nacional ya aprobada por la interrupción del suministro eléctrico del 28 de abril de 2025. Estas tres comunidades habían pedido que se extendiera a su territorio.

Regula los medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia (radio y televisión autonómicas) para adaptarlos al entorno digital. Establece su misión de servicio público, su organización, su financiación y los controles externos.

Cambia quién es titular de varios tramos de carretera en Pontevedra. La Comunidad Autónoma de Galicia asume un tramo de la N-551 y dos ramales, y el Estado incorpora a su Red de Carreteras una glorieta elevada y sus ramales de conexión con la A-55 y la N-551.

Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia para 2025, con la previsión de ingresos y gastos de la Administración general, organismos autónomos y agencias públicas. Regula también el gasto de personal, el endeudamiento, la financiación de las corporaciones locales y los tributos propios.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2025. Incluye cambios en impuestos cedidos, un impuesto sobre estancias turísticas y modificaciones en telecomunicaciones, energía eólica, medio ambiente, vivienda, sanidad y empleo público, entre otras áreas.

Sustituye la ley de estadística de Galicia de 1988 y fija el marco para la actividad estadística pública de la comunidad. Regula la organización estadística, la planificación y producción de datos, el secreto estadístico y las infracciones y sanciones.

La ley regula el acceso a la cultura en Galicia con criterios de inclusión y accesibilidad para todas las personas, en especial quienes tienen dificultades de participación cultural. Crea un plan de accesibilidad y un Observatorio de la Cultura Inclusiva y Accesible de Galicia.

La ley regula cómo se valoran y fomentan los beneficios sociales y económicos de los proyectos que usan recursos naturales en Galicia, como las energías renovables y la minería. Integra esa valoración en la evaluación de impacto ambiental y crea instrumentos de participación y financiación.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra un apartado de la Ley 8/2021 de Galicia, que modificó la Ley de salud gallega. La sentencia anula los preceptos autonómicos que habilitaban a órganos de Galicia a adoptar medidas preventivas y tipificar infracciones en salud pública, por invadir la reserva de ley orgánica.

El Tribunal Constitucional declara extinguida una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos preceptos de la Ley gallega 7/2022, de medidas fiscales y administrativas. La extinción se debe a que uno de esos preceptos ya fue anulado por una sentencia anterior del propio Tribunal.

El Tribunal Constitucional anula varios preceptos de la Ley de Galicia 7/2022 que fijaban en quince años el plazo para exigir la reposición de la legalidad en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y regulaban el inicio de ese cómputo. La anulación se extiende a otros preceptos de la misma ley por conexión.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra la Ley gallega 4/2023, de ordenación y gestión integrada del litoral. Declara nulos algunos preceptos sobre caladeros y vertido de aguas residuales, y da una interpretación conforme a la Constitución a otro sobre ocupación del dominio público por la cadena mar-industria.

El Tribunal Constitucional mantiene en parte la suspensión de varios artículos de la Ley de Galicia 7/2022, que regula medidas fiscales y administrativas. La suspensión afecta a los artículos 10 y 11 y a la disposición transitoria primera, en relación con la zona de servidumbre de protección de costas.

El Tribunal Constitucional decide mantener en parte la suspensión de varios preceptos de la Ley gallega de ordenación y gestión integrada del litoral, recurrida por el presidente del Gobierno. La suspensión se aplica a los preceptos impugnados mientras se resuelve el recurso.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para 2024, con la previsión de ingresos y gastos de la Administración general, organismos autónomos y agencias públicas. Regula también las modificaciones de crédito, los gastos de personal, el endeudamiento, la financiación de las corporaciones locales y los tributos propios.