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Esta enmienda amplía hasta el 12 de marzo de 2024 la comisión de servicio de un funcionario español en el Consejo de Europa. Mantiene las mismas condiciones ya acordadas en el memorando de entendimiento anterior.

Esta ley orgánica regula el sistema universitario español en su conjunto. Establece las funciones de las universidades, su autonomía, la creación de universidades públicas y privadas, la organización de las enseñanzas y títulos, la investigación, la gobernanza y el régimen económico y de personal.

Modifica la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha. Cambia la composición de la Comisión de Coordinación para incluir representantes de las jefaturas de los cuerpos y fija un número mínimo de efectivos, entre otros ajustes.

Aprueba un aumento adicional del 1,5 % en las retribuciones del personal del sector público autonómico de Galicia para 2022. Se suma al 2 % ya previsto, con efectos desde el 1 de enero de 2022, y el incremento de los meses pasados se paga como atrasos.

Regula los procesos selectivos para reducir la temporalidad en el empleo público de la Comunidad Autónoma de Galicia. Establece cómo se convocan y valoran las plazas de la oferta extraordinaria, con reglas sobre el concurso-oposición, los méritos y la lengua gallega.

La ley establece medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2023. Incluye cambios en el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y tasas, y modifica normas sobre empleo público, medio ambiente, vivienda, medio rural, infraestructuras, política social, sanidad, industria, comercio e innovación.

Modifica la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Añade medidas sobre salud menstrual, anticoncepción, educación sexual y formación de profesionales. También regula la actuación frente al aborto forzoso y la gestación por sustitución.

La ley regula la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Establece medidas de los poderes públicos en ámbitos como el laboral, la salud, la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, la familia, la acción exterior, el medio rural y el turismo. También regula la rectificación registral de la mención al sexo, la protección frente a la discriminación y la LGTBIfobia, y un régimen de infracciones y sanciones.

Aprueba el Reglamento de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que son órganos técnicos que auxilian a la Justicia con pruebas periciales médicas y de laboratorio. Regula su organización, personal, actividades de formación e investigación y colaboración con otras instituciones.

Modifica el acuerdo entre España y la ONU de 2009 sobre el uso de locales en España para apoyo a operaciones de paz. Añade al artículo XXVI un párrafo que permite a los funcionarios de la ONU incluidos en el acuerdo integrarse voluntariamente en la Seguridad Social española.

Establece medidas para reducir la temporalidad en el empleo público de la Administración de la Generalitat de Cataluña. Regula la promoción interna y los procesos de estabilización del empleo temporal, y modifica normas vigentes en materia de función pública.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2023: fija los ingresos y autoriza los gastos del Estado y de sus entes dependientes. Incluye normas sobre personal, pensiones, deuda pública, tributos, entes territoriales y cotizaciones sociales.

Crea el Instituto Cántabro de Administración Pública «Rafael de la Sierra» como organismo autónomo, en sustitución del Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria. Regula sus fines, órganos, régimen económico, de personal y jurídico.

El Tribunal Constitucional inadmite una cuestión de inconstitucionalidad sobre varios artículos de un decreto-ley aragonés que regulaba unidades de apoyo, la atribución temporal de funciones al personal y el disfrute de vacaciones. La inadmisión se debe a que el planteamiento del tribunal solicitante no estaba formulado correctamente.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición transitoria primera, apartado 2, de la Ley asturiana 2/2007, de coordinación de policías locales. Declara nulo ese precepto, que permitía a los policías locales promocionar internamente sin la titulación exigida.