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Fija para 2026 el objetivo de ahorro energético del Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética, la obligación de ahorro de cada empresa obligada y la equivalencia financiera para calcular sus aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Parte de la obligación se puede cumplir con Certificados de Ahorro Energético, con una aportación económica mínima al Fondo.

Crea la Unidad de Seguimiento de la Estrategia Española de Financiación Climática Internacional, un órgano colegiado que impulsa esta estrategia y coordina a los ministerios implicados. La estrategia planifica los recursos que España destina a países en desarrollo en materia de clima.

Aprueba el Plan Nacional contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y ordena su publicación en el BOE. El Plan fija líneas de actuación para evitar que se usen fondos o servicios financieros para fabricar o adquirir armas nucleares, químicas o biológicas.

Establece las condiciones del Mecanismo Reinicia+ FOCIT DANA para financiar con préstamos a empresas turísticas afectadas por la DANA de octubre y noviembre de 2024. El mecanismo está dotado con 200 millones de euros y lo gestiona el ICO.

Fija el objetivo de ahorro energético para 2025 y reparte entre las empresas obligadas (comercializadoras de gas y electricidad y operadores de combustibles) su cuota de ahorro. Establece cuánto deben aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y permite cubrir parte de la obligación con Certificados de Ahorro Energético.

Fija el objetivo de ahorro energético para 2024 y reparte entre las empresas obligadas (comercializadoras de gas y electricidad, operadores de petróleo y de gases licuados) su cuota anual de ahorro. Establece también el valor para calcular sus aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y el porcentaje mínimo que deben pagar a ese fondo, pudiendo cubrir el resto con Certificados de Ahorro Energético.

Fija el objetivo de ahorro energético para 2023 y las obligaciones de ahorro de las empresas comercializadoras de gas y electricidad, operadores de productos petrolíferos y de gases licuados. También establece la equivalencia financiera para calcular sus aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

Fija el objetivo de ahorro energético para 2022 y reparte entre las empresas obligadas (comercializadoras de gas y electricidad y operadores de productos petrolíferos y gases licuados) su cuota de ahorro y su equivalente económico. También regula el pago de esas cuotas al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y el uso de Certificados de Ahorro Energético.

Crea unidades territoriales de control financiero y una División de Control Financiero Permanente dentro de la Intervención General de la Seguridad Social. Regula sus funciones, su estructura y los medios materiales para desarrollar el control financiero de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

Fija el objetivo de ahorro energético para 2021 y reparte entre las empresas obligadas (comercializadoras de gas y electricidad y operadores de productos petrolíferos) su cuota de ahorro y su equivalente económico. También actualiza el coste de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética que se incluye en el precio voluntario para el pequeño consumidor.

Deja sin efecto el Acuerdo de 2015 que imponía condiciones especiales a la Comunidad Autónoma de Cataluña para acceder al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas y garantizar la prestación de servicios públicos. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprueba esta retirada y ordena su publicación en el BOE.

Fija el reparto definitivo entre las Comunidades Autónomas de régimen común de los 5.000 millones de euros del Tramo 4 del Fondo COVID-19. Este tramo se reparte según criterios ligados a la caída de ingresos por la bajada de la actividad económica.

Fija cuánto dinero del Tramo 2 del Fondo COVID-19 recibe cada Comunidad Autónoma y cada Ciudad Autónoma. El Tramo 2 reparte 3.000 millones de euros, sobre todo según el gasto sanitario. La orden concreta los importes definitivos de cada territorio.

Fija el reparto definitivo de 2.000 millones de euros del tramo 3 del Fondo COVID-19 entre las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla. Este tramo se distribuye según criterios ligados al gasto en educación. El pago se hará antes de que acabe septiembre de 2020.

Establece las reglas de funcionamiento, movilización de recursos y liquidación del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, creado por el Real Decreto-ley 25/2020. Fija las condiciones y requisitos de las operaciones de apoyo público temporal a la solvencia financiadas con cargo al Fondo y la composición de su Consejo Gestor.

Fija el reparto definitivo entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla de los 6.000 millones de euros del tramo 1 del Fondo COVID-19, destinado a gasto sanitario. La orden detalla el importe que corresponde a cada territorio.