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El Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud acuerdan cooperar entre 2021 y 2022 en donación y trasplante de órganos, células y tejidos. España aporta 320.000 euros para mantener el Observatorio Global de Donación y Trasplante y apoyar a los países en el acceso al trasplante.

Crea unidades territoriales de control financiero y una División de Control Financiero Permanente dentro de la Intervención General de la Seguridad Social. Regula sus funciones, su estructura y los medios materiales para desarrollar el control financiero de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

El acuerdo regula la aportación de España al Fondo para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas, gestionado por el PNUD como agente administrativo. España contribuye con 500.000 euros para financiar actividades de consolidación de la paz tras conflictos.

El Acuerdo recoge la contribución de España al Fondo Fiduciario de Mujer, Paz y Seguridad de Naciones Unidas, gestionado por la Oficina de Fondos Fiduciarios del PNUD. Fija las condiciones del pago, la cuenta bancaria de destino y el modo de informar sobre los fondos.

Modifica dos reales decretos sobre fondos de garantía de depósitos y sobre la recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. Regula cómo se calcula y aplica el requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles de los bancos.

Crea el Fondo extraordinario adicional 2021 para los entes locales de Cataluña, con una dotación de 100 millones de euros. Regula qué entes pueden recibirlo, cómo se reparte y cómo se entrega el dinero.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 15/2021 de la Generalitat de Catalunya, que crea el Fondo Complementario de Riesgos. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

Regula la Estrategia Nacional sobre Adicciones y sus planes de acción, y modifica cuatro reales decretos para adaptar la composición de órganos colegiados del Plan Nacional sobre Drogas y la competencia ministerial sobre la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas.

Crea el Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya para cubrir las reclamaciones que puedan sufrir los empleados públicos y altos cargos por actos u omisiones relacionados con el ejercicio de su cargo. Regula quién puede acogerse, qué riesgos cubre, las condiciones para solicitarlo y la obligación de devolver lo percibido.

Regula la organización y gestión del juego de lotería reservado a la Generalitat de Cataluña. Crea la sociedad Loteries de Catalunya, SAU, que asume la actividad de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas. Ordena los ingresos públicos, el fondo de premios y la comercialización.

Crea y regula el Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia, un fondo público sin personalidad jurídica que sustituye al anterior Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. El fondo financia medidas de aguas, costas, cambio climático, contaminación, biodiversidad y meteorología dentro del Plan de Recuperación.

Establece el funcionamiento del Fondo de recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19, creado por el Real Decreto-ley 5/2021. Fija los criterios de elegibilidad, las condiciones de las operaciones y las competencias de la gestora COFIDES y del Comité Técnico de Inversiones.

El Acuerdo regula la aportación de España al Fondo de las Naciones Unidas de Respuesta y Recuperación ante la COVID-19, gestionado por el PNUD como Agente Administrativo. Fija las condiciones del desembolso, la cuenta bancaria de destino y la tasa administrativa.

Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba el Código de Buenas Prácticas para renegociar la financiación avalada de empresas y autónomos. Ordena al ICO, CERSA y CESCE ampliar los vencimientos de avales y coberturas de crédito y fija cómo se adhieren las entidades financieras.

Establece los criterios y el procedimiento para repartir, aplicar y gestionar los fondos que financian planes de formación para empleados públicos de la Administración General del Estado. Fija un régimen de concurrencia competitiva abierto a entidades de formación acreditadas o inscritas.