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Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de las oficinas de justicia en los municipios. La cuantía depende del número de habitantes empadronados. Se aplica a ayuntamientos de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Presidente del Gobierno contra varios artículos y disposiciones de la Ley 4/2025, de Concordia de Extremadura. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.

Modifica la Ley 3/2018 de Cámaras de Comercio de Extremadura para ajustarla a la normativa básica estatal y cambia la Ley 8/2018 del Comercio Ambulante. También fija plazos para adaptar los órganos de gobierno de las Cámaras y las ordenanzas y autorizaciones municipales.

Modifica la normativa urbanística de Extremadura para agilizar la aprobación y ejecución del planeamiento. Crea los Proyectos Estratégicos para Vivienda Asequible y regula las entidades de certificación urbanística. También permite aumentar la edificabilidad cuando se construyan viviendas con protección pública.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2026, con todos sus ingresos y gastos. Regula también las modificaciones de créditos, los gastos de personal, las operaciones de deuda y avales, la contratación y los convenios, y las relaciones presupuestarias con los ayuntamientos.

El Tribunal Constitucional inadmite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 3 del Decreto-ley 2/2018 de Extremadura, que regula las mejoras voluntarias de la Seguridad Social del personal de la Junta en incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y lactancia. La inadmisión se debe a que el juzgado no formuló correctamente el juicio de aplicabilidad de la norma al caso.

Regula la concesión directa de subvenciones del Servicio Público de Empleo Estatal a corporaciones locales para contratar a personas desempleadas en obras de reconstrucción de zonas dañadas por fenómenos meteorológicos adversos en Andalucía y Extremadura. Fija beneficiarias, cuantías, requisitos, procedimiento y justificación.

El Tribunal Constitucional inadmite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de Cáceres sobre el artículo 3 del Decreto-ley 2/2018 de Extremadura, que extiende mejoras voluntarias de la Seguridad Social a situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia. La inadmisión se debe a que el juez no formuló correctamente el juicio de aplicabilidad de la norma al caso.

Crea la Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX) como entidad pública empresarial de la Junta de Extremadura. La norma fija su finalidad, objetivos y funciones en materia de energía, sus órganos de gobierno, personal, contratación, recursos económicos y control. También regula el Bono Social Térmico en Extremadura.

Crea en Extremadura un nuevo grado de dependencia extrema (Grado III+) para personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible. Regula su reconocimiento, sus efectos y el programa individual de atención, y modifica varias normas autonómicas sobre dependencia y ayudas económicas.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 10/2026, que aprueba medidas tributarias urgentes y otras medidas de apoyo para las víctimas de la DANA y otras situaciones de emergencia. La convalidación mantiene vigente esta norma.

Establece medidas tributarias para las víctimas de la DANA de octubre y noviembre de 2024 y para las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica. Declara exentas del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades determinadas ayudas y cantidades recibidas. También fija medidas de endeudamiento y gasto para administraciones territoriales.

Regula cómo los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas piden al Estado que les compense por la pérdida de ingresos del IBI y del IAE de 2026. Estos beneficios fiscales se concedieron por los daños de las inundaciones en municipios de Andalucía y Extremadura.

Modifica la Ley 4/2015 que regula el paso de un gobierno a otro en Extremadura. Cambia las reglas sobre cómo actúa el gobierno saliente mientras se forma el nuevo.

Establece reglas específicas para tramitar y ordenar el presupuesto de las ayudas que reciben los ayuntamientos, diputaciones, comarcas y áreas metropolitanas afectados por las borrascas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. También aprueba los modelos de solicitud que deben presentar.

Modifica el Real Decreto 960/2022 para regular la concesión directa de una subvención a organismos públicos de protección civil y emergencias de Extremadura, la Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Madrid. La ayuda sirve para desarrollar, implementar y validar servicios y comunicaciones 5G para emergencias, dentro del Plan de Recuperación financiado por la Unión Europea.