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Regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Centros Tecnológicos (FEDIT) para cubrir gastos de funcionamiento. Establece el procedimiento, los gastos subvencionables, las obligaciones de la entidad y el régimen de justificación y reintegro.

Modifica el Decreto-ley 14/2021 para que los titulares de explotaciones agrarias afectados por el volcán de La Palma puedan pedir las ayudas de emergencia sin tener que inscribirse antes en el Registro de Personas Afectadas. Establece un procedimiento de concesión a instancia de parte para este sector.

Regula la concesión directa de subvenciones a varias instituciones culturales: el Consorcio Centro Federico García Lorca, dos fundaciones, dos federaciones y dos entidades locales canarias. El objetivo es apoyar sus actividades culturales y garantizar la prestación de sus servicios.

La ley regula el reconocimiento, la reparación y la dignificación de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura franquista. Crea instrumentos para buscar e identificar a personas desaparecidas y ordena retirar símbolos contrarios a la memoria democrática.

Regula la economía social en Canarias: define qué entidades forman parte de ella, crea un catálogo canario de estas entidades y establece medidas de fomento, ordenación y difusión del sector. También crea la Comisión de la Economía Social de Canarias y prevé una estrategia canaria de economía social.

Modifica la norma que regula el reconocimiento y funcionamiento de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas. Adapta estas reglas al Plan Estratégico Nacional de la PAC 2023-2027 y fija un periodo transitorio para que las organizaciones ya reconocidas se adapten.

Regula la concesión directa de subvenciones para gastos de funcionamiento de fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos políticos con representación en las Cortes Generales. Estas entidades deben realizar actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cultural.

La ley regula la protección de los animales domésticos en el País Vasco. Establece obligaciones para quienes tienen animales, normas sobre identificación y registro, recogida de animales abandonados, núcleos zoológicos, colonias felinas y espectáculos con animales. También fija un régimen de infracciones y sanciones.

La ley regula la economía social y solidaria en La Rioja: define qué entidades forman parte, crea un catálogo de entidades y un Consejo, y establece medidas de fomento, apoyo económico y simplificación administrativa. También prevé un Plan Riojano de Impulso de este sector.

Establece las bases para conceder subvenciones de la Fundación Pluralismo y Convivencia a actividades que promuevan el conocimiento de la diversidad religiosa, el diálogo, la convivencia y la lucha contra la intolerancia y el discurso de odio por motivo de religión. Regula quién puede pedirlas, cómo se solicitan, se valoran y se conceden, y cómo se justifican y controlan.

Regula la concesión directa de subvenciones a entidades para financiar en 2022 el Sistema de Acogida de Protección Internacional. Estas subvenciones cubren dispositivos de acogida privados gestionados por organizaciones no gubernamentales y actuaciones de integración.

Establece las bases para conceder subvenciones públicas a entidades que participan en la contratación colectiva en origen de trabajadores migrantes. Regula el procedimiento, los requisitos de los beneficiarios, los criterios de valoración y la justificación del gasto.

Establece las bases para conceder subvenciones a las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Regula quién puede solicitarlas, cómo se presentan las solicitudes, cómo se valoran y cómo se resuelve y paga la subvención.

Establece las bases para conceder ayudas a la descripción y digitalización de archivos con documentos de más de cuarenta años, y aprueba la convocatoria de 2022. Las ayudas se financian con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Desarrolla y aplica en Aragón la Ley 1/2021 de simplificación administrativa. Regula el silencio positivo, el plazo de resolución de tres meses y la sustitución de autorizaciones previas por declaraciones responsables o comunicaciones. Modifica varias leyes autonómicas para adaptar sus procedimientos.