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Aprueba el Reglamento General de Carreteras, que regula la planificación, construcción, financiación, explotación y uso de las carreteras del Estado. Incluye la clasificación de las vías, los estudios y proyectos, las expropiaciones, las autorizaciones y el régimen de infracciones y sanciones.

Modifica la Orden de 1997 que regula los accesos a las carreteras del Estado y las instalaciones de servicio. El cambio agiliza el trámite administrativo para autorizar puntos de recarga eléctrica en esas instalaciones.

Modifica varias normas de seguridad industrial para aplicar el principio de reconocimiento mutuo de la Unión Europea. Así, se aceptan en España productos comercializados legalmente en otros países de la UE, aunque no cumplan exactamente las reglas técnicas nacionales.

Establece la lista de estaciones de servicio obligadas a instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos, según su volumen de ventas de gasolina y gasóleo en 2019. También fija las excepciones e imposibilidades técnicas para cumplir esa obligación y el procedimiento para aprobar los listados de 2023 y años posteriores.

La orden regula el procedimiento para que los titulares de vehículos que usan gasóleo profesional puedan recuperar parte del Impuesto sobre Hidrocarburos. Establece un censo de beneficiarios, tarjetas-gasóleo, registro de suministros y la devolución mensual. También modifica la orden que regula la devolución para agricultores y ganaderos.

Regula la actividad de prestación de servicios de recarga energética para vehículos eléctricos. Establece los derechos y obligaciones de los operadores de puntos de recarga y de las empresas proveedoras de servicios para la movilidad eléctrica, y fija el régimen de autorización de infraestructuras de más de 250 kW.

Adopta medidas urgentes en materia de energía para facilitar la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, impulsar el autoconsumo eléctrico y el despliegue de energías renovables. Modifica varias normas del sector eléctrico, de hidrocarburos y tributarias.

Prorroga varias medidas económicas aprobadas durante la pandemia para apoyar a empresas y autónomos. Extiende el plazo de ayudas a la liquidez y la solvencia, excluye las pérdidas de 2020 y 2021 como causa de disolución y amplía la moratoria para declarar concurso. También fija reglas sobre inversiones extranjeras y medidas en el suministro de gas.

Establece el marco para que España reduzca emisiones de gases de efecto invernadero y avance hacia una economía descarbonizada. Fija objetivos, planificación (Planes Nacionales de Energía y Clima y Estrategia a 2050) y medidas en energía, movilidad, adaptación, transición justa, finanzas, educación e investigación.

Modifica y deroga normas sobre calidad y seguridad industrial. Elimina la homologación administrativa de ciertos productos y deroga reglas nacionales sustituidas por reglamentos europeos. También ajusta la regulación de la actividad industrial y los servicios en talleres de reparación de vehículos.

Establece medidas para asegurar el suministro de carburantes y combustibles en estaciones de servicio y postes marítimos durante el estado de alarma por el COVID-19. Fija criterios para determinar qué estaciones deben mantener su horario habitual y cuáles pueden flexibilizarlo.

Modifica la norma que regula los accesos a las carreteras del Estado para incluir los puntos de recarga eléctrica de vehículos como instalaciones de servicios y suministros. Así, su autorización se rige por las mismas reglas que las estaciones de servicio.