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Aprueba los Presupuestos Generales de Navarra para 2022, que incluyen los presupuestos del Parlamento, la Cámara de Comptos, el Defensor del Pueblo, la Administración de la Comunidad Foral, sus organismos autónomos, el Consejo de Navarra, fundaciones y sociedades públicas. Fija los créditos y los ingresos previstos, y regula las modificaciones de crédito, los gastos de personal, las operaciones financieras y la gestión presupuestaria.

Establece medidas laborales complementarias para paliar los efectos del COVID-19. Regula el mantenimiento del empleo en centros sanitarios y sociales, medidas extraordinarias de protección del empleo y el cómputo de contratos temporales. También fija reglas sobre los ERTE y las prestaciones por desempleo.

El Consejo de Ministros toma conocimiento de que los centros del IMSERSO que estén disponibles pueden ponerse a disposición del Sistema Nacional de Salud y de los servicios sociales mientras dure la emergencia sanitaria de la COVID-19. La puesta a disposición se hace a petición de las comunidades autónomas o de INGESA y con cargo al presupuesto del IMSERSO.

Modifica el régimen transitorio para cobrar determinadas prestaciones sociales de las Illes Balears, cambia el régimen sancionador por incumplir normas de la COVID-19 y ajusta las exigencias de personal en las residencias de personas mayores.

Establece medidas extraordinarias en Navarra para responder al aumento de casos de COVID-19. Regula el cierre y horarios de ocio nocturno, hostelería y sociedades gastronómicas, las visitas en residencias, los eventos multitudinarios, las pruebas PCR y el consumo de tabaco.

Establece medidas para reactivar la actividad económica y social en Extremadura durante la transición hacia la «nueva normalidad» tras el confinamiento por la COVID-19. Incluye facilidades para proyectos empresariales, apertura de comercios, transporte, atención ciudadana y contratación pública.

Aprueba un cuarto paquete de medidas urgentes en Navarra para responder al impacto de la crisis sanitaria del COVID-19. Incluye medidas tributarias, como la reducción de pagos de impuestos y la ampliación de plazos, y permite usar de forma temporal el Fondo de Educación y Promoción de las Cooperativas.

Establece medidas organizativas y de información para los centros de servicios sociales residenciales (personas mayores, personas con discapacidad y similares), públicos o privados, durante la crisis del COVID-19. Los centros deben mantener su actividad y facilitar información sobre el centro, el personal y los residentes. Las comunidades autónomas pueden intervenir los centros.

Establece medidas organizativas en residencias de mayores y centros sociosanitarios durante la crisis del COVID-19. Clasifica a los residentes según síntomas y contacto, regula el aislamiento, la asignación del personal y la limpieza de las zonas de riesgo.