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Crea el ingreso mínimo vital, una prestación económica estatal para personas y hogares en situación de vulnerabilidad económica. Regula quiénes pueden cobrarla, cómo se calcula la cuantía, cómo se solicita y cómo se controla.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para responder al impacto económico y social del COVID-19. Regula la contratación pública, los convenios y conciertos educativos, las subvenciones, los servicios sociales, la gestión de residuos sanitarios y los plazos administrativos. También indica cómo se financian estas medidas.

Establece medidas laborales y sociales para proteger el empleo durante la crisis del COVID-19. Regula los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas del artículo 22, la protección por desempleo de las personas afectadas y las cotizaciones a la Seguridad Social. También fija límites al reparto de dividendos y a la transparencia fiscal de las empresas que usan estas medidas.

Declara servicios esenciales los servicios de asistencia y protección a las víctimas de violencia de género durante el estado de alarma por el COVID-19. Regula su funcionamiento, el seguimiento telemático de medidas cautelares y el uso de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Establece medidas laborales complementarias para paliar los efectos del COVID-19. Mantiene la actividad de centros sanitarios y de atención a mayores, protege el empleo y regula los ERTE y los contratos temporales durante el estado de alarma.

Modifica de forma temporal los criterios comunes de acreditación de centros y servicios de atención a la dependencia. Permite que, si faltan profesionales titulados en la zona, otras personas con titulación distinta o con experiencia en cuidados puedan cubrir esos puestos. El régimen excepcional dura inicialmente tres meses y puede prorrogarse.

Establece medidas urgentes para reducir el impacto económico y social del COVID-19. Incluye apoyo a trabajadores, familias y colectivos vulnerables, ajustes temporales de empleo para evitar despidos, liquidez para empresas y autónomos, y apoyo a la investigación.

Adopta medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Incluye refuerzo del gasto sanitario, apoyo a familias, al turismo y aplazamiento de deudas tributarias. También regula la contratación pública y transferencias de crédito entre administraciones.

Amplía cuatro años, hasta mayo de 2024, la suspensión de los desalojos de vivienda habitual para personas en situación de especial vulnerabilidad. También modifica la ley de reestructuración de entidades de crédito y adopta medidas de protección de la salud pública.

Modifica varias leyes de La Rioja para 2020. Incluye cambios en impuestos propios y cedidos (IRPF, patrimonio, sucesiones, transmisiones y juego) y medidas administrativas en turismo, agua, juego, hacienda, contratación, patrimonio, innovación, servicios sociales, carreteras, viñedo, educación, animales y desarrollo económico. También reactiva el Defensor del Pueblo Riojano.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materias como tasas, igualdad, servicios sociales, vivienda, hacienda, justicia, sanidad, educación, economía, agricultura, territorio y transparencia. También reorganiza entes del sector público instrumental y crea el Observatorio Fiscal de la Comunitat Valenciana.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2020, fijando los ingresos y gastos del sector público autonómico. Incluye normas sobre gastos de personal, gestión del gasto, operaciones financieras y medidas tributarias.