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El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 4/2025, de 8 de abril, que establece medidas urgentes para responder a la amenaza arancelaria y relanzar el comercio. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Establece las condiciones del primer tramo de una línea de avales públicos de 1.000 millones de euros para financiación concedida a empresas por entidades financieras. El Instituto de Crédito Oficial gestiona estos avales, que cubren el capital impagado de cada operación. Se enmarca en las medidas de respuesta a la amenaza arancelaria de Estados Unidos.

Establece las condiciones del primer tramo de una línea de avales públicos de 1.000 millones de euros para financiación a hogares, empresas y autónomos afectados por la DANA. También ordena al ICO ampliar el plazo de los avales ICO COVID e ICO Ucrania cuando los préstamos estén suspendidos por el Real Decreto-ley 6/2024.

Amplía hasta el 31 de diciembre de 2024 el plazo para conceder avales públicos a la financiación de empresas y autónomos, dentro de la línea creada por el Real Decreto-ley 6/2022 para responder a la guerra en Ucrania. También amplía los plazos de solicitud y concesión de avales para pesca, acuicultura y agricultura.

La Diputación Permanente del Congreso convalida el Real Decreto-ley 5/2023, que mantiene y prorroga medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, apoya la reconstrucción de La Palma y atiende otras situaciones de vulnerabilidad. También incorpora al ordenamiento español directivas europeas sobre modificaciones estructurales de sociedades y conciliación de la vida familiar y laboral.

Establece un procedimiento para que las entidades financieras colaboren con la Tesorería General de la Seguridad Social por vía telemática. Permite obtener información y embargar los pagos que se hacen a deudores de la Seguridad Social a través de Terminales de Punto de Venta (TPV).

Modifica el acuerdo que fija las condiciones del primer tramo de avales públicos a empresas y autónomos. Eleva los importes máximos de aval por beneficiario para ajustarlos a la modificación del Marco Temporal europeo de ayudas de Estado.

Establece las condiciones del primer tramo de una línea de avales públicos de 5.000 millones de euros para que las entidades financieras concedan financiación a empresas y autónomos. El Instituto de Crédito Oficial gestiona los avales, que cubren el capital impagado y no los intereses.

Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba el Código de Buenas Prácticas para renegociar la financiación avalada de empresas y autónomos. Ordena al ICO, CERSA y CESCE ampliar los vencimientos de avales y coberturas de crédito y fija cómo se adhieren las entidades financieras.