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Desarrolla el Reglamento del Impuesto Complementario, que busca asegurar un nivel mínimo global de imposición para grupos multinacionales y grupos nacionales de gran magnitud. Concreta cómo se calcula la base, los impuestos cubiertos y el tipo impositivo efectivo, y regula la declaración informativa y la autoliquidación.

Modifica el Reglamento del IRPF para que las guarderías y centros de educación infantil autorizados comuniquen también los datos de la autorización de la guardería expedida por la administración competente. Además, actualiza las obligaciones de información de las entidades de pago y de dinero electrónico.

La ley crea tres impuestos: un Impuesto Complementario para que los grupos multinacionales y nacionales de gran tamaño paguen un nivel mínimo global de tributación; un impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras; y un impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos del tabaco. También modifica otras normas tributarias.

Establece las condiciones del primer tramo de una línea de avales públicos de 1.000 millones de euros para financiación a hogares, empresas y autónomos afectados por la DANA. También ordena al ICO ampliar el plazo de los avales ICO COVID e ICO Ucrania cuando los préstamos estén suspendidos por el Real Decreto-ley 6/2024.

Amplía hasta el 31 de diciembre de 2024 el plazo para conceder avales públicos a la financiación de empresas y autónomos, dentro de la línea creada por el Real Decreto-ley 6/2022 para responder a la guerra en Ucrania. También amplía los plazos de solicitud y concesión de avales para pesca, acuicultura y agricultura.

Modifica varios modelos de declaración tributaria: los modelos 030, 036 y 037, para que el teléfono y el correo que se facilitan puedan usarse para avisos informativos también por los órganos económico-administrativos; y el modelo 390, para recoger los distintos tipos de recargo de equivalencia del IVA vigentes en 2023.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de la Xunta de Galicia contra el artículo 3 de la Ley 38/2022, que crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. El tribunal considera que ese impuesto es constitucional, al ser un tributo directo, personal y complementario del impuesto sobre el patrimonio.

Establece el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de otras entidades que prestan servicios de inversión. Regula su autorización, registro, agentes, sucursales, gobierno corporativo, requisitos de organización y normas de conducta con los clientes.

La Diputación Permanente del Congreso convalida el Real Decreto-ley 5/2023, que mantiene y prorroga medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, apoya la reconstrucción de La Palma y atiende otras situaciones de vulnerabilidad. También incorpora al ordenamiento español directivas europeas sobre modificaciones estructurales de sociedades y conciliación de la vida familiar y laboral.

Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

Modifica la Ley General Tributaria para aplicar en España la Directiva europea DAC 7. Crea la obligación de que los operadores de plataformas digitales informen a la Administración sobre los ingresos de sus vendedores. También regula inspecciones conjuntas y controles simultáneos entre países de la UE.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Comunidad de Madrid contra el artículo 3 de la Ley 38/2022. Ese artículo crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Xunta de Galicia contra el artículo 3 de la Ley 38/2022. Ese artículo regula el gravamen temporal energético y de entidades de crédito.

Establece qué información periódica deben enviar al Banco de España las entidades de crédito, sus sucursales en España y los establecimientos financieros de crédito sobre bonos garantizados y otros instrumentos de movilización de préstamos. También modifica dos circulares anteriores sobre información financiera y modelos de estados financieros.