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Modifica el Código de Buenas Prácticas para la renegociación de deudas con aval público de empresas y autónomos. Las entidades financieras adheridas deben mantener hasta el 30 de septiembre de 2022 los límites y condiciones de las líneas de circulante concedidas a sus clientes.

El Tribunal Constitucional declara nulo el inciso de la ley canaria que exigía tener el domicilio social en Canarias para aplicar una deducción en el impuesto sobre los depósitos de clientes de entidades de crédito. El tribunal considera que ese requisito vulnera el derecho a la igualdad ante la ley.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 1/2022, que modifica normas sobre reestructuración y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y sobre el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Establece para los establecimientos financieros de crédito las reglas sobre liquidez (colchón de liquidez y ratio de financiación estable neta), las obligaciones de solvencia y de información periódica al Banco de España, y las garantías exigibles para su autorización. También modifica dos circulares anteriores sobre información de entidades de crédito y sobre obligaciones crediticias vencidas.

Modifica la Instrucción que regula cómo los partidos políticos y sus fundaciones presentan telemáticamente sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas. Establece el formato de esas cuentas y el cumplimiento de las obligaciones de información. Incluye dos disposiciones transitorias.

Modifica las normas sobre la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) para adaptarla a su nueva clasificación como parte del sector público. Elimina los límites a la participación del Estado en su capital y regula cómo el FROB puede adquirir participaciones y tomar el control de la sociedad.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Actualiza las normas de información financiera de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Incorpora cambios en las normas internacionales de contabilidad adoptadas en la Unión Europea sobre los índices de tipos de interés de referencia (IBOR) y ajusta los modelos de estados financieros de supervisión (FINREP).

Actualiza el procedimiento electrónico de intercambio de ficheros entre la Agencia Tributaria y las entidades de crédito para responder a requerimientos de movimientos de cuentas bancarias. Amplía los supuestos en que se pueden pedir estos datos y el contenido de la información.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2021. Fija los créditos iniciales de la Administración General, sus organismos autónomos y entidades públicas, y regula su financiación. Incluye normas sobre gastos de personal, gestión presupuestaria, deuda pública y tributos.

Aprueba el modelo 237 para declarar el gravamen especial sobre los beneficios no distribuidos por las SOCIMI (sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria) en el Impuesto sobre Sociedades. Fija quién debe presentarlo, los plazos y el procedimiento electrónico.

Modifica la Circular 2/2016 del Banco de España sobre supervisión y solvencia de las entidades de crédito. Con ello completa la adaptación del derecho español a la Directiva 2013/36/UE y al Reglamento (UE) n.º 575/2013. La norma se enmarca en el desarrollo de herramientas macroprudenciales para el sistema financiero.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 25/2021, de medidas en materia de Seguridad Social y otras medidas fiscales de apoyo social. Se ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Establece los modelos de información que las entidades de crédito y otras entidades supervisadas deben elaborar y enviar al Banco de España sobre conducta de mercado, transparencia y protección de la clientela. También regula el registro de reclamaciones que deben mantener a disposición del Banco de España.

Modifica dos reales decretos sobre fondos de garantía de depósitos y sobre la recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. Regula cómo se calcula y aplica el requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles de los bancos.

Autoriza un crédito extraordinario de 5.012 millones de euros para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social por el impacto del COVID-19 y financiar las prestaciones. También regula la financiación de ampliaciones de crédito del Servicio Público de Empleo Estatal y establece que ciertas ayudas públicas no tributen en el IRPF ni en el Impuesto sobre Sociedades.

Modifica tres reales decretos sobre entidades financieras: las sociedades de reafianzamiento, el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público y el desarrollo de la ley de ordenación y solvencia de entidades de crédito. Adapta estas normas al marco europeo de supervisión bancaria.