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Establece qué información periódica deben enviar al Banco de España las entidades de crédito, sus sucursales en España y los establecimientos financieros de crédito sobre bonos garantizados y otros instrumentos de movilización de préstamos. También modifica dos circulares anteriores sobre información financiera y modelos de estados financieros.

Regula la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Crea canales internos y externos para recibir denuncias y establece medidas de protección frente a represalias. Crea la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

Aprueba los modelos 795, 796, 797 y 798 para declarar e ingresar dos gravámenes temporales: el energético y el de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Fija quién debe presentarlos, los plazos y el procedimiento de presentación electrónica e ingreso.

Crea tres figuras tributarias: un gravamen temporal a las grandes empresas energéticas, otro a las entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, y un impuesto temporal de solidaridad sobre las grandes fortunas. También modifica varias normas tributarias, entre ellas las de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones e Impuesto sobre Sociedades.

El Consejo de Ministros aprueba un Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios en riesgo de vulnerabilidad. Las entidades que tengan préstamos hipotecarios sobre vivienda habitual pueden adherirse voluntariamente y ofrecer medidas para aliviar la subida de las cuotas. La resolución da publicidad al acuerdo y a la lista de entidades adheridas.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Modifica en Navarra la regulación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero y el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. En los gases fluorados, el impuesto pasa a gravar la fabricación, importación, adquisición intracomunitaria o tenencia irregular, en lugar de la venta al consumidor final.

Adapta en Navarra la normativa estatal sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. Cambia el cálculo de la base imponible del impuesto eléctrico en operaciones entre entidades vinculadas y prorroga medidas fiscales hasta el 31 de diciembre de 2022.

Establece un complemento de reaseguro a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros para el Plan de Seguros Agrarios Combinados de 2022. También cambia la fecha de entrada en vigor de obligaciones de las entidades que declaran a la Central de Información de Riesgos del Banco de España y modifica varias órdenes sobre crédito revolvente, publicidad bancaria y transparencia.

Fija cómo se pagan las cuotas nacionales y provinciales del Impuesto sobre Actividades Económicas de 2022 y cambia el plazo para pagarlas en periodo voluntario. El pago se hace en entidades de crédito colaboradoras con el documento de ingreso que se envía al contribuyente.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 32/2021, de reforma laboral, y contra el artículo cuarto del Real Decreto-ley 1/2022, sobre entidades de crédito y la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria.

Regula los tipos de cuentas donde se sitúan los fondos de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y otras entidades del sector público administrativo estatal. Establece cómo se autoriza su apertura, uso y cancelación, y el control de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.