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Modifica el Código Penal en materia de delitos contra la libertad sexual para evitar que en casos graves se apliquen las penas mínimas de los nuevos marcos penales. También corrige omisiones sobre responsabilidad penal de personas jurídicas y sobre la difusión de contenidos que incitan a agresiones sexuales a menores de dieciséis años.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 14/2022, que adapta la legislación penal española a directivas europeas y reforma los delitos contra la integridad moral, los desórdenes públicos y el contrabando de armas de doble uso. El recurso lo presentan cincuenta diputados.

Modifica el Código Penal para adaptarlo a directivas europeas y reforma los delitos contra la integridad moral, los desórdenes públicos y el contrabando de armas de doble uso. También cambia normas procesales para revisar sentencias y recursos.

Establece medidas para garantizar la protección integral frente a las violencias sexuales. Incluye prevención y detección en ámbitos educativo, sanitario, laboral y digital, formación de profesionales, asistencia integral a las víctimas y actuación policial y judicial.

Acuerdo entre España y Albania que complementa el Convenio Europeo de Extradición de 1957. Permite que ambos países se entreguen mutuamente a sus propios nacionales para ser juzgados o cumplir condena. También fija los ministerios de Justicia como autoridades centrales para tramitar las solicitudes.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

Establece un sistema de protección integral para niños, niñas y adolescentes frente a cualquier forma de violencia. Regula derechos de las víctimas, deberes de comunicación, prevención, detección y actuación en ámbitos familiar, educativo, sanitario, social, digital y deportivo.

Regula cómo las autoridades competentes tratan datos personales para prevenir, detectar, investigar y enjuiciar delitos y ejecutar sanciones penales. Adapta al ordenamiento español la Directiva (UE) 2016/680 y fija principios, derechos de las personas, obligaciones de los responsables y régimen sancionador.

Aprueba el nuevo Reglamento de asistencia jurídica gratuita, que sustituye al de 2003. Regula las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, el procedimiento para reconocer el derecho, la organización de abogados y procuradores de oficio y la subvención del servicio.

Establece un marco de asistencia judicial entre España y Ecuador en asuntos penales. Permite notificar documentos, obtener pruebas, localizar personas, embargar bienes y trasladar a personas privadas de libertad para declarar. También cubre delitos fiscales y aduaneros.

El Congreso de los Diputados aprueba la convalidación del Real Decreto-ley 30/2020, de medidas sociales en defensa del empleo, y ordena su publicación. La norma había sido publicada en el Boletín Oficial del Estado el 30 de septiembre de 2020.

Prórroga y regula los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la COVID-19, con medidas extraordinarias de protección por desempleo y apoyo a los trabajadores autónomos. Incluye también medidas sobre bono social y aranceles notariales y registrales.

Regula cómo se usan los datos de los registros de nombres de pasajeros (PNR) de los vuelos para prevenir, detectar, investigar y enjuiciar delitos de terrorismo y delitos graves. Crea una Unidad de Información sobre Pasajeros en España y fija reglas para recoger, tratar, conservar y compartir esos datos.

España comunica a la ONU que rechaza la reserva y la declaración que Líbano presentó al adherirse al Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo. España considera que esas reservas van contra el objeto y fin del Convenio y contra su artículo 6.

Modifica el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para fijar un plazo máximo de doce meses para la investigación judicial desde el inicio de la causa. El juez puede acordar prórrogas sucesivas de hasta seis meses mediante resolución motivada.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona sobre el último párrafo del artículo 238 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto y abre un plazo para que las partes del procedimiento se personen.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 16/2020, que recoge medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia frente al COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras la suspensión de plazos por el estado de alarma del COVID-19. Regula la reactivación de juzgados y tribunales, la tramitación preferente de ciertos procedimientos y medidas concursales y societarias.