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Establece medidas urgentes para reducir el impacto económico y social del COVID-19. Incluye apoyo a trabajadores, familias y colectivos vulnerables, ajustes temporales de empleo para evitar despidos, liquidez para empresas y autónomos, y apoyo a la investigación.

Establece criterios para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actúen cuando se restablecen temporalmente los controles en las fronteras interiores del espacio Schengen. Se dicta en el marco del estado de alarma declarado por el COVID-19 y de la habilitación al Ministro del Interior como autoridad competente delegada.

Modifica el real decreto que declaró el estado de alarma por el COVID-19. Ajusta las actividades permitidas para circular, la suspensión de comercios y locales, el transporte de mercancías y los plazos administrativos y tributarios.

La Instrucción establece que el Ministerio de Defensa apoye al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 durante el estado de alarma por el COVID-19. El apoyo se centra en la protección de las personas sin hogar y de los asentamientos chabolistas, siguiendo las órdenes e instrucciones de ese Ministerio.

Adopta medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Incluye refuerzo del gasto sanitario, apoyo a familias, al turismo y aplazamiento de deudas tributarias. También regula la contratación pública y transferencias de crédito entre administraciones.

Amplía cuatro años, hasta mayo de 2024, la suspensión de los desalojos de vivienda habitual para personas en situación de especial vulnerabilidad. También modifica la ley de reestructuración de entidades de crédito y adopta medidas de protección de la salud pública.

Deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo del artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores. Con ello, deja de permitirse extinguir el contrato con indemnización reducida por superar ciertos porcentajes de ausencias justificadas o injustificadas.