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Modifica dos leyes autonómicas para impulsar la economía del dato en Asturias. Amplía el objeto social del gestor de infraestructuras de telecomunicaciones Gitpa a nuevas tecnologías y regula el uso del dominio público viario para instalar redes públicas de comunicaciones electrónicas.

Esta ley de Extremadura agrupa medidas para agilizar la respuesta de la administración a la ciudadanía y mejorar la prestación de servicios públicos. Incluye cambios en el impulso a proyectos empresariales, en normas ambientales, urbanísticas, tributarias, de consumo, de renta garantizada y de contratación pública, entre otras.

Crea la Agencia Riojana de Transición Energética y Cambio Climático, un organismo público de La Rioja. La ley fija sus fines, su organización interna, sus recursos económicos y los controles sobre su actividad.

Permite que los proyectos de energía eólica y solar fotovoltaica en Castilla-La Mancha puedan acogerse, si lo pide el promotor, a un procedimiento más rápido para determinar sus efectos sobre el medio ambiente. También modifica varias leyes autonómicas para ajustar aspectos competenciales.

Autoriza al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias a participar en un aumento de capital de la sociedad pública Zalia para que el Principado pase a tener una posición mayoritaria. La operación se hace capitalizando el préstamo participativo que el Principado ya había aportado, con sus intereses.

Desarrolla y aplica en Aragón la Ley 1/2021 de simplificación administrativa. Regula el silencio positivo, el plazo de resolución de tres meses y la sustitución de autorizaciones previas por declaraciones responsables o comunicaciones. Modifica varias leyes autonómicas para adaptar sus procedimientos.

Permite que la consejería que tutela SODERCAN, S.A. se encargue de comprobar requisitos y obligaciones de los beneficiarios y de apoyar la instrucción y tramitación de las ayudas del COVID-19. Se aplica también a las ayudas de la Orden INN/11/2020 (cheques de resistencia) para microempresas y autónomos.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2020, fijando los ingresos y gastos de la administración autonómica y de sus entes dependientes. Regula la gestión presupuestaria, las retribuciones del personal, las operaciones de endeudamiento y las normas de contratación y transparencia.