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El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 5/2026, que adopta medidas urgentes para responder a los daños causados por fenómenos meteorológicos adversos, con especial afectación en Andalucía y Extremadura.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, que contenía medidas urgentes en materia tributaria, de vulnerabilidad social y de recursos de los sistemas de financiación territorial. La derogación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 4/2025, de 8 de abril, que establece medidas urgentes para responder a la amenaza arancelaria y relanzar el comercio. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Modifica el funcionamiento del Fondo de recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19. Cambia la composición del Comité Técnico de Inversiones, que pasa a tener 10 miembros, y concentra el seguimiento de los instrumentos financieros en la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, que aprueba medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2024, que adopta medidas urgentes complementarias dentro del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2024, que recoge medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación permite que esas medidas sigan en vigor.

Establece la planificación de las actividades preventivas de la Seguridad Social que las mutuas colaboradoras deben desarrollar en 2025. Fija criterios y prioridades, con especial atención a las pequeñas empresas y a los sectores con más accidentes de trabajo en 2023.

Regula la actividad y el funcionamiento del Fondo de Impacto Social (FIS), un fondo estatal sin personalidad jurídica adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El fondo financia proyectos de inversión de impacto social y medioambiental en España, de forma directa o a través de fondos de inversión.

Amplía hasta el 31 de diciembre de 2024 el plazo para conceder avales públicos a la financiación de empresas y autónomos, dentro de la línea creada por el Real Decreto-ley 6/2022 para responder a la guerra en Ucrania. También amplía los plazos de solicitud y concesión de avales para pesca, acuicultura y agricultura.

Regula la actividad y el funcionamiento del Fondo de Coinversión (FOCO), un fondo estatal sin personalidad jurídica adscrito al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Establece las condiciones de elegibilidad de coinversores y operaciones, y la composición y competencias de sus órganos de gestión.

Establece las condiciones del tercer tramo de la línea de avales públicos para financiación de empresas y autónomos, dotado con 4.500 millones de euros y gestionado por el ICO. También amplía plazos de solicitud y concesión de avales anteriores y regula su reasignación entre regímenes de ayudas.

La Diputación Permanente del Congreso convalida el Real Decreto-ley 5/2023, que mantiene y prorroga medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, apoya la reconstrucción de La Palma y atiende otras situaciones de vulnerabilidad. También incorpora al ordenamiento español directivas europeas sobre modificaciones estructurales de sociedades y conciliación de la vida familiar y laboral.

Establece la planificación de las actividades preventivas de la Seguridad Social que las mutuas colaboradoras deben desarrollar en 2024. Fija criterios y prioridades, con especial atención a pequeñas empresas y sectores con mayor siniestralidad en 2022.

El Consejo de Ministros autoriza un aval de hasta 500 millones de euros a CERSA, la sociedad pública que reafianza a las sociedades de garantía recíproca. Este aval se carga a la línea de 10.000 millones de euros creada por el Real Decreto-ley 6/2022 para paliar los efectos económicos de la guerra de Ucrania. También se amplía el plazo para reponer el fondo de provisiones técnicas de CERSA.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, que establece medidas urgentes de incentivos a la contratación laboral y de mejora de la protección social de las personas artistas. La convalidación mantiene vigente esa norma.

Publica un acuerdo del Consejo de Ministros que fija las condiciones del segundo tramo de una línea de avales públicos de 500 millones de euros. Estos avales respaldan la financiación que las entidades financieras conceden a empresas y autónomos de la industria gas intensiva. El Instituto de Crédito Oficial gestiona los avales.

Amplía el presupuesto del programa de ayudas para eficiencia energética en PYME y gran empresa industrial. Añade 4.200.000 euros a Cantabria y 9.930.916,48 euros a Castilla-La Mancha. El programa está regulado por el Real Decreto 263/2019.