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La Diputación Permanente del Congreso convalida el Real Decreto-ley 5/2023, que mantiene y prorroga medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, apoya la reconstrucción de La Palma y atiende otras situaciones de vulnerabilidad. También incorpora al ordenamiento español directivas europeas sobre modificaciones estructurales de sociedades y conciliación de la vida familiar y laboral.

Establece la planificación de las actividades preventivas de la Seguridad Social que las mutuas colaboradoras deben desarrollar en 2024. Fija criterios y prioridades, con especial atención a pequeñas empresas y sectores con mayor siniestralidad en 2022.

El Consejo de Ministros autoriza un aval de hasta 500 millones de euros a CERSA, la sociedad pública que reafianza a las sociedades de garantía recíproca. Este aval se carga a la línea de 10.000 millones de euros creada por el Real Decreto-ley 6/2022 para paliar los efectos económicos de la guerra de Ucrania. También se amplía el plazo para reponer el fondo de provisiones técnicas de CERSA.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, que establece medidas urgentes de incentivos a la contratación laboral y de mejora de la protección social de las personas artistas. La convalidación mantiene vigente esa norma.

Publica un acuerdo del Consejo de Ministros que fija las condiciones del segundo tramo de una línea de avales públicos de 500 millones de euros. Estos avales respaldan la financiación que las entidades financieras conceden a empresas y autónomos de la industria gas intensiva. El Instituto de Crédito Oficial gestiona los avales.

Establece medidas para la formación programada por las empresas en 2023 dentro del Servicio Público de Empleo Estatal. Permite usar el aula virtual como formación presencial, el uso de medios electrónicos y la formación bimodal o «aula espejo», y regula la comunicación del inicio de la formación.

Amplía el presupuesto del programa de ayudas para eficiencia energética en PYME y gran empresa industrial. Añade 4.200.000 euros a Cantabria y 9.930.916,48 euros a Castilla-La Mancha. El programa está regulado por el Real Decreto 263/2019.

Modifica el acuerdo que fija las condiciones del primer tramo de avales públicos a empresas y autónomos. Eleva los importes máximos de aval por beneficiario para ajustarlos a la modificación del Marco Temporal europeo de ayudas de Estado.