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Aprueba el formato del documento registral M4R del Registro Central de Personal. Este documento sirve para inscribir al personal docente e investigador laboral de las universidades públicas sin exigir la firma del trabajador. La resolución entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE.

Aprueba nuevos modelos de títulos administrativos y hojas de servicio para el personal incluido en el Registro Central de Personal. Estos documentos se emiten únicamente en formato electrónico y se firman con sello electrónico de órgano.

Adopta medidas económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia de COVID-19 en Cataluña. Incluye cambios tributarios, ayudas a la infancia y adolescencia, medidas sobre patrimonio y sobre personal. Se estructura en cuatro capítulos y once artículos.

Adopta medidas para paliar los efectos de la pandemia de COVID-19 en Cataluña. Amplía créditos al Fondo de Contingencia para gastos derivados de la COVID-19 y ajusta el sistema de pago de la atención sanitaria pública. También incluye medidas tributarias y cambios en la estructura de la Administración de la Generalidad.

Fija el aumento de sueldo del personal del sector público de la Generalidad de Cataluña para 2020 y recupera parte de la paga extraordinaria que se dejó de cobrar en 2013. El aumento puede llegar al 2% respecto a 2019, con cantidades adicionales según la economía.

Establece medidas urgentes en Extremadura para adaptar la tramitación de subvenciones, la ejecución de contratos administrativos y la selección de personal temporal mediante bolsas de trabajo durante la crisis del COVID-19.

Aprueba medidas urgentes en Navarra para responder al impacto de la crisis sanitaria del coronavirus. Regula la prestación de servicios del personal de la Administración foral, la contratación de cuidadores en servicios sociales, la gestión presupuestaria y de subvenciones, y crea fondos económicos para hacer frente a gastos ligados al COVID-19.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 10/2020, que regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no prestan servicios esenciales. El permiso busca reducir la movilidad de la población durante la lucha contra el COVID-19.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 11/2020, que recoge medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Establece medidas urgentes para paliar los efectos sociales y económicos del COVID-19. Incluye la suspensión de desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables, prórrogas y moratorias en el alquiler y la hipoteca, ayudas al alquiler y un subsidio extraordinario para empleados de hogar y por fin de contrato temporal.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 2/2020, que aprueba medidas urgentes sobre retribuciones en el sector público. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición adicional decimotercera de la Ley catalana 5/2012, que fija la edad de jubilación del personal laboral del Instituto Catalán de la Salud. La sentencia declara nula en parte esa disposición por invadir competencias del Estado en materia laboral.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos de la Ley Foral 23/2018, de policías de Navarra. Declara nulos los preceptos que permiten a una entidad supramunicipal ejecutar competencias de policía local, atribuir a auxiliares de policía la condición de agentes de la autoridad y que los entes locales acuerden la excepción de uniformidad.

Aprueba una subida de las retribuciones del personal al servicio del sector público con efectos de 1 de enero de 2020. Fija un aumento fijo del 2 %, un 0,3 % adicional para planes de productividad y un incremento variable ligado al crecimiento del PIB. También fija los módulos económicos de los centros concertados.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2020, fijando los ingresos y gastos del sector público autonómico. Incluye normas sobre gastos de personal, gestión del gasto, operaciones financieras y medidas tributarias.