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Establece el régimen jurídico de la alerta sanitaria en Aragón para controlar la pandemia de COVID-19. Regula un sistema de niveles de alerta con medidas de aforo, reuniones, distancia de seguridad y mascarillas, y el confinamiento perimetral. Incluye inspección, sanciones y autorización judicial.

Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2021. Regula los créditos, su gestión y modificación, los gastos de personal y las transferencias a entidades locales. También crea el Fondo Aragonés de I+D+i.

Regula la actividad estadística pública en Aragón: fija principios, el secreto estadístico, la recogida y difusión de datos, la planificación mediante el Plan Estadístico de Aragón y los programas anuales, la organización administrativa y el régimen sancionador.

Establece las normas para dar una subvención directa a la Comunidad Autónoma de Aragón. El dinero financia inversiones en la provincia de Teruel que generen actividad económica, renta y empleo. No se convoca concurso público porque se considera una situación singular.

Establece bonificaciones en tributos gestionados por Aragón para 2020: la tasa sobre el juego (máquinas recreativas, bingo y casinos) y el impuesto medioambiental sobre grandes áreas de venta. Se aprueban para paliar el efecto de la suspensión de actividad por la crisis sanitaria.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos de la Ley de Aragón 8/2018, de actualización de los derechos históricos. Anula el precepto que atribuía al presidente de la Diputación General de Aragón la competencia para convocar un referéndum de ratificación de la reforma estatutaria.

Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2020 y regula cómo se gestionan los créditos, los gastos de personal, las transferencias a entidades locales y las operaciones de endeudamiento. También fija beneficios fiscales y actualiza las tasas autonómicas.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de las Cortes de Aragón 8/2018, de actualización de los derechos históricos de Aragón. Declara nulos los preceptos autonómicos que hacen de los derechos históricos el fundamento del poder autonómico y de su ejercicio, y admite una interpretación conforme a la Constitución de la declaración de interés general a efectos expropiatorios de bienes y archivos del patrimonio cultural e histórico de Aragón.