Buscar en el BOE

Establece el procedimiento para que la Agencia Tributaria embargue telemáticamente dinero en cuentas abiertas en proveedores de servicios de pago, como las entidades que gestionan monederos o pagos electrónicos. Regula cómo se envían las órdenes de embargo, cómo se retiene el dinero y cómo se comunican los resultados.

Aprueba los modelos 196, 181, 170 y 174 de declaración informativa sobre cuentas financieras, préstamos y créditos, cobros con tarjetas y operaciones con tarjetas. Establece quién debe presentarlos, qué datos incluyen, los plazos y el procedimiento telemático, y modifica la Orden EHA/98/2010 sobre el modelo 171.

Establece un acuerdo entre autoridades fiscales de distintos países para intercambiar automáticamente información sobre criptoactivos. Los proveedores de servicios de criptoactivos deberán identificar a sus clientes y comunicar datos a su autoridad fiscal, que los enviará a otros países.

Modifica el Reglamento del IRPF para que las guarderías y centros de educación infantil autorizados comuniquen también los datos de la autorización de la guardería expedida por la administración competente. Además, actualiza las obligaciones de información de las entidades de pago y de dinero electrónico.

Actualiza varios modelos de declaración informativa de la Agencia Tributaria (194, 346, 192, 198, 182, 193, 345, 721, 172 y 289). Cambia campos de esos modelos y elimina soportes distintos al envío telemático en el modelo 194.

Permite pagar las tasas de la Jefatura Central de Tráfico con tarjeta de crédito o débito en sus oficinas físicas de toda España y en la oficina virtual 060. Mantiene el pago por vía telemática ya existente y autoriza al organismo a contratar este servicio con entidades de crédito colaboradoras de la Agencia Tributaria.

La orden aprueba el modelo 721, una declaración informativa sobre monedas virtuales situadas en el extranjero. Establece quién debe presentarla, su contenido, el plazo y el procedimiento de presentación.

Aprueba los modelos 172 y 173 para declarar a Hacienda los saldos y las operaciones con monedas virtuales. Fija quién debe presentarlos, qué información incluyen, los plazos y el procedimiento de presentación.

Establece un procedimiento para que las entidades financieras colaboren con la Tesorería General de la Seguridad Social por vía telemática. Permite obtener información y embargar los pagos que se hacen a deudores de la Seguridad Social a través de Terminales de Punto de Venta (TPV).

Modifica el Código Penal para adaptarlo a directivas europeas y reforma los delitos contra la integridad moral, los desórdenes públicos y el contrabando de armas de doble uso. También cambia normas procesales para revisar sentencias y recursos.

Modifica el procedimiento para pagar deudas tributarias por internet a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria. Ahora la Agencia emite el Número de Referencia Completo (NRC) que autentica el pago, previa petición de las entidades colaboradoras. También ajusta el horario del servicio y las condiciones para las entidades de crédito que colaboran en la recaudación.

Este real decreto-ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la defensa de la competencia, la prevención del blanqueo de capitales, las entidades de crédito, las telecomunicaciones, el IVA, los daños medioambientales, el desplazamiento de trabajadores y la defensa de los consumidores.

Crea una línea de ayudas directas para autónomos y empresas afectadas por la COVID-19, una línea para reestructurar deuda financiera con aval público y un fondo de recapitalización de empresas. También amplía plazos de préstamos avalados y modifica varias normas.

Adelanta del 15 de junio al 1 de junio de 2020 la fecha desde la que se puede pagar deudas con tarjeta de crédito o débito en la sede electrónica de la Agencia Tributaria usando el sistema Cl@VE PIN.

Permite a las personas físicas pagar sus deudas tributarias con tarjeta de crédito o débito en la sede electrónica de la Agencia Tributaria usando el sistema Cl@vePIN, en lugar de exigir firma electrónica avanzada. Regula los requisitos y el procedimiento de identificación ante las entidades colaboradoras.