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Reforma la Ley Concursal para adaptarla a una directiva europea. Regula los planes de reestructuración preventiva de empresas con dificultades, la exoneración de deudas de personas físicas y el régimen de inhabilitaciones. También ordena los procedimientos de insolvencia para hacerlos más eficientes.

Establece las normas para aplicar las medidas laborales y de desempleo en zonas declaradas gravemente afectadas por emergencias de protección civil, como incendios forestales e inundaciones. Regula la suspensión de contratos, la reducción de jornada y el acceso a prestaciones por desempleo en esos casos.

Modifica el Estatuto de los Trabajadores para reducir la temporalidad y reforzar la estabilidad en el empleo. Regula los contratos de duración determinada, los contratos formativos y el Mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo. También adapta la normativa de empresas de trabajo temporal y de empleo.

Modifica la distribución por comunidades autónomas de créditos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para 2021. Estos fondos financian proyectos de competencias digitales y de políticas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo.

Aprueba la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, que fija las políticas activas de empleo y de intermediación laboral en todo el Estado. La Estrategia se elabora con las comunidades autónomas y los agentes sociales y se aplica mediante los Planes Anuales de Política de Empleo.

Establece cómo se aplican las medidas laborales y de desempleo para las zonas declaradas gravemente afectadas por la borrasca Filomena. Regula la suspensión de contratos o reducción de jornada por fuerza mayor y el acceso a prestaciones por desempleo en esos casos.

Distribuye entre las comunidades autónomas con competencias en empleo los créditos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para 2021. Estos fondos financian los proyectos de inversión del Plan Nacional de Competencias Digitales y de Nuevas Políticas Públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo.

Distribuye entre las comunidades autónomas con competencias de empleo los créditos del presupuesto estatal de 2021 para políticas de empleo, incluidos los planes de empleo joven y reincorporación. Fija las reglas de financiación, justificación y control de esos fondos.

Prolonga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la pandemia y mantiene las medidas de protección de las personas trabajadoras. También regula prestaciones y exenciones de cotización para trabajadores autónomos afectados por la crisis sanitaria.

Establece medidas laborales complementarias para paliar los efectos del COVID-19. Regula el mantenimiento del empleo en centros sanitarios y sociales, medidas extraordinarias de protección del empleo y el cómputo de contratos temporales. También fija reglas sobre los ERTE y las prestaciones por desempleo.

Amplía cuatro meses, hasta el 31 de octubre de 2021, el plazo para terminar las obras y servicios de proyectos de empleo aprobados en 2020 en Ceuta y Melilla. Estos proyectos los ejecutan las Delegaciones del Gobierno y contratan a personas desempleadas.

Adapta la normativa española a la salida del Reino Unido de la Unión Europea tras el fin del periodo transitorio el 31 de diciembre de 2020. Regula el acceso a profesiones, el empleo público, la Seguridad Social, la asistencia sanitaria, la Universidad, la contratación pública y otros ámbitos afectados.

Modifica la Orden TMS/368/2019 para adaptar la normativa de formación profesional para el empleo. Incluye como colectivo prioritario a las personas con contrato suspendido o jornada reducida por un ERTE. También ajusta la cuantía de las becas y la participación de estas personas en acciones formativas.

Aprueba medidas sociales complementarias de protección por desempleo y de apoyo al sector cultural. Crea un subsidio especial por desempleo y amplía el acceso a la prestación para artistas, personal técnico y auxiliar de la cultura y profesionales taurinos.

Establece medidas laborales y sociales para proteger el empleo durante la crisis del COVID-19. Regula los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas del artículo 22, la protección por desempleo de las personas afectadas y las cotizaciones a la Seguridad Social. También fija límites al reparto de dividendos y a la transparencia fiscal de las empresas que usan estas medidas.