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Modifica dos leyes de la Comunitat Valenciana: la de Transparencia y Buen Gobierno y la de Incompatibilidades de cargos públicos no electos. Cambia el régimen de incompatibilidades de los altos cargos y el de publicidad de sus declaraciones y agendas. También ajusta el plan de gobierno, los informes normativos y el anuncio de la consulta pública previa.

Modifica la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia. Sustituye el Consejo de la Transparencia por un Comisionado de Transparencia, órgano unipersonal e independiente, y crea una Comisión de Transparencia para resolver reclamaciones antes de acudir a los tribunales.

La ley regula en Aragón la protección civil y la gestión de emergencias. Ordena cómo se organizan las administraciones, los planes de prevención y respuesta, la formación y el voluntariado, y establece un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica la Ley 2/2016 de la Comunidad de Madrid sobre identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación. Cambia el régimen sancionador y su procedimiento, y establece un régimen transitorio para los expedientes ya iniciados.

Crea el Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos de las Illes Balears. Regula las declaraciones de patrimonio y de actividades de los cargos públicos y la organización del Registro. Dispone la liquidación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción y la integración de registros existentes.

Sustituye la ley anterior de 2012 y regula la no discriminación por identidad de género y los derechos de las personas trans e intersexuales en el País Vasco. Establece medidas en administración, sanidad, familia, empleo, educación, cultura, deporte, justicia y emergencias.

La ley regula los derechos y deberes de las personas menores de edad en Euskadi y las actuaciones para promover su bienestar. También establece cómo prevenir, detectar y atender situaciones de violencia, desprotección o conflicto con la ley penal, y crea órganos de coordinación y participación.

Deroga la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón. Además, modifica varias leyes aragonesas sobre archivos, patrimonio cultural, transparencia y financiación municipal.

La ley regula la salud pública en Euskadi: fija los derechos y deberes de la ciudadanía, las actuaciones sobre los factores que influyen en la salud, la organización del sistema de salud pública y crea el Instituto Vasco de Salud Pública. También establece prestaciones, vigilancia, prevención y un régimen sancionador.

Regula los lugares o centros de culto en el País Vasco y la diversidad religiosa. Establece cómo se ordenan en el urbanismo, qué licencias y autorizaciones necesitan y las condiciones de seguridad y salubridad. Crea el Consejo Interreligioso Vasco como órgano consultivo.

Regula los archivos y los documentos de la Comunidad de Madrid. Crea el Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid y fija sus órganos, la gestión documental, el acceso a los documentos y el patrimonio documental madrileño. También establece la inspección y las sanciones.

Regula el reconocimiento oficial de las comunidades baleares o isleñas establecidas fuera de las Illes Balears y su relación con las instituciones autonómicas. Crea el Registro de estas comunidades y el Consejo de las Illes Balears en el Exterior. Sustituye la normativa anterior sobre esta materia.

Regula la cooperación de las Illes Balears para el desarrollo y la transformación global. Establece la planificación, los instrumentos y las modalidades de la cooperación, la organización de la política autonómica, los recursos y los agentes que participan, y crea el Registro de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo.

La ley establece objetivos de bienestar para las generaciones presentes y futuras en las Illes Balears y crea una comisión que evalúa el impacto de las políticas públicas y de las normas sobre ese bienestar. También obliga a elaborar informes de evaluación de impacto, incluido uno anual y otro sobre los presupuestos.

La ley establece el Estatuto de las personas consumidoras y usuarias en Euskadi. Regula sus derechos, las competencias de las administraciones vascas, la resolución de conflictos, la inspección y las sanciones en materia de consumo.

Regula el derecho a la vivienda y fija las bases de las políticas públicas en esta materia. Establece derechos y deberes de la ciudadanía, límites al derecho de propiedad y reglas sobre vivienda protegida y parques públicos de vivienda. También prevé declarar zonas de mercado residencial tensionado y exige información en las operaciones de compra y alquiler.

Regula el derecho de la ciudadanía de la Comunitat Valenciana a participar en los asuntos públicos y fomenta el asociacionismo. Crea mecanismos como procesos participativos, iniciativa ciudadana, consultas y presupuestos participativos, y órganos como el Consejo de Participación Ciudadana y el portal de participación.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

Modifica la ley de vivienda de Extremadura y crea un impuesto sobre las viviendas vacías en manos de grandes tenedores. También crea el Fondo de Garantía de Adquisición de Vivienda y un mecanismo de garantía de alojamiento o realojamiento del menor.