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La ley regula la gestión ambiental en Andalucía: planificación, información y participación pública, evaluación ambiental de planes y proyectos, prevención y control de la contaminación, inspección y régimen sancionador. También crea el Consejo Asesor de Medio Ambiente y la Red de Información Ambiental de Andalucía.

Regula los montes de Andalucía: qué se considera monte, cómo se clasifican en públicos y privados, su registro y catálogo, y las competencias de la Junta y los ayuntamientos. Establece normas de gestión sostenible, conservación, prevención de incendios, fomento y régimen sancionador.

Regula el sistema universitario andaluz: docencia, investigación, transferencia de conocimiento, comunidad universitaria, coordinación, gobernanza, financiación y calidad de las universidades. Establece derechos y deberes del estudiantado, del personal docente e investigador y normas sobre creación y reconocimiento de universidades.

Regula las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social en Andalucía y crea cauces de diálogo y colaboración con las administraciones públicas. Establece medidas de promoción, una Estrategia de Promoción y un Observatorio Andaluz del Tercer Sector.

Regula el patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía: cómo se clasifican, adquieren, usan y protegen sus bienes y derechos. Incluye normas sobre bienes públicos y privados, alquiler y cesión de inmuebles, edificios administrativos y empresas públicas.

Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2026: fija los gastos e ingresos de la Junta y de sus entes dependientes, regula las retribuciones del personal y las operaciones financieras y tributarias. También establece las transferencias y delegaciones de competencias a los ayuntamientos.

La ley regula los espacios productivos de Andalucía, como los polígonos industriales, para fomentar la industria. Crea órganos de coordinación, un plan director y un sistema para clasificar y modernizar estos espacios. También establece incentivos y formas de colaboración entre administraciones y empresas.

La ley regula la política de vivienda en Andalucía: fija competencias de la Junta y los ayuntamientos, la planificación (Plan Andaluz de Vivienda y Suelo), la calidad y rehabilitación de viviendas, el régimen de la vivienda protegida y la inspección y sanciones en materia de vivienda.

La ley regula el impulso, fomento y promoción de la producción ecológica y de otras producciones agrarias, pesqueras y acuícolas certificadas en Andalucía. Incluye medidas de apoyo a la transformación, comercialización, consumo, investigación, formación y digitalización del sector, y crea un órgano consultivo y de participación.

Crea en Andalucía cuatro cuerpos de Agentes Medioambientales (Superior, Ejecutivo, Técnico y Operativo) y regula sus funciones, facultades, acceso, formación, medios y organización. También los integra en el sistema de emergencias 112 y fija su régimen disciplinario.

Crea el Colegio Oficial de Criminología de Andalucía como corporación de derecho público. Regula su ámbito territorial en Andalucía, quiénes pueden colegiarse, su relación con la Administración autonómica y el periodo para constituirse.

Regula cómo participan las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Andalucía en los órganos públicos y en los espacios de diálogo social. Establece criterios de representatividad, derechos y deberes, y una compensación económica por esa participación.

Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2025: fija los gastos e ingresos de la Junta y de sus entes dependientes, regula las retribuciones del personal y las normas de gestión del gasto. También incluye normas tributarias y de relación con las entidades locales.

Establece el Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar de Andalucía. Regula su representación y participación, la conciliación laboral y familiar, la formación en igualdad, el empleo y las ayudas, y la titularidad compartida de explotaciones. También crea la Mesa de mujeres rurales y del mar andaluzas.

La ley regula el Consejo Consultivo de Andalucía, un órgano de consulta técnica y jurídica del Gobierno autonómico, las entidades locales y las universidades públicas andaluzas. Define su naturaleza, composición, funciones, funcionamiento, procedimiento de emisión de dictámenes y su personal.

La ley reconoce oficialmente la universidad privada Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum en Andalucía. Regula su estructura, la autorización para empezar a dar clases, los requisitos de acceso, las garantías, la inspección y control, la posible transmisión de la titularidad y la caducidad del reconocimiento.

Reconoce como universidad privada la Universidad Europea de Andalucía y fija su estructura, los requisitos para iniciar actividades, las garantías, la inspección y control, las reglas de transmisión de titularidad y las causas de caducidad del reconocimiento.

Crea el Instituto de Salud de Andalucía como entidad pública con fines de investigación en salud. Regula sus recursos económicos y humanos, la propiedad intelectual de sus invenciones y la integración de personal y bienes de otras entidades. Modifica varias leyes andaluzas para adaptarlas.

Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2024, fijando los gastos e ingresos de la Junta y de sus entes dependientes. Regula también las retribuciones del personal público, la oferta de empleo y la gestión y control del gasto.