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Modifica la Ley de Memoria Democrática para reconocer a las personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la Democracia. También cambia la Ley del IRPF y un real decreto sobre el abono de indemnizaciones.

Regula el derecho de defensa de las personas en cualquier situación de controversia jurídica, con especial atención al ámbito penal. Fija su contenido, las garantías de la asistencia jurídica y los deberes y garantías de los profesionales de la abogacía.